Una pequeña isla fluvial en el Amazonas es objeto de disputa entre Bolivia y Brasil. La isla en cuestión la Isla Suárez. Para Bolivia la isla forma parte del municipio de Guayaramerín en la provincia de Antonio Vaca Díez, departamento del Beni. Para Brasil es parte del municipio de Guajará-Mirim en el estado de Rondônia.
La zona fue delimitada por el Tratado de Ayacucho, firmado el 27 de marzo de 1867, que en su artículo 4 expresa sobre la línea limítrofe:
(…) nacientes del Río Verde; bajará por este río hasta su confluencia con el Guaporé y por medio de éste y del Mamoré hasta el Beni, en donde comienza el Río Madeira (…)
La frontera en esta zona fue demarcada en 1877, estableciéndose en la isla la empresa boliviana Suárez Hermanos en 1896. El artículo 4 del Tratado de Petrópolis del 17 de noviembre de 1903, confirmó el mismo límite fijado en 1867.
El 1 de abril de 1930 la legación brasileña en La Pazreclamó por lo que consideraba era una ocupación boliviana indebida de la isla. En 1937 el gobierno de Bolivia presentó un informe demostrando la mayor proximidad de la isla al lado boliviano, lo que fue rechazado por Brasil. En 1955 Brasil tuvo la intención de establecer un puesto policial en ella, pero no lo llevó a cabo.
La zona fue delimitada por el Tratado de Ayacucho en 1867 y demarcada en 1877. Tras discusiones que datan de mediados del siglo XIX, en la práctica se encuentra bajo administración boliviana, aunque la mayoría de sus terrenos están en manos de particulares brasileños.
En los años 60 ambos gobiernos decidieron tratar la cuestión del estatus jurídico de la isla más adelante. Hasta hoy no existe una definición formal de a quién pertenece el territorio.
La isla Suárez tiene una superficie de 2,58 kilómetros cuadrados (km²) con unas dimensiones de 3,3 kilómetros de largo por 1,1 kilómetros de ancho y un perímetro de 7,9 kilómetros. En sus adyacencias se encuentran dos pequeños islotes situados al lado este con una superficie de 5300 m² y 6400 m² respectivamente, siendo el más grande el situado al sur.
El 70% de la isla pertenece a particulares brasileños y el resto a bolivianos