Un informe de Amnistía Internacional recoge la violencia sexual persistente y la impunidad de los culpables tras dos años de conflicto. El informe, titulado “If you don’t cooperate, I’ll gun you down”: conflict-related sexual violence and impunity in South Sudan, revela que continúa en el país la violencia sexual relacionada con el conflicto y que las armas de fuego pueden facilitarla. También revela que aún no se han implementados del todo dos apartados de un plan de acción elaborado para abordar este tipo de violencia en el país y adoptado por el gobierno en enero de 2021.
El 28 de mayo de 2021, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el embargo de armas al territorio de Sudán del Sur que había impuesto por primera vez en 2018 e identificó la implementación del plan de acción de 2021 como uno de los cinco parámetros de referencia respecto a los cuales se revisaría el embargo en mayo de 2022. “Amnistía Internacional ha documentado más de una docena de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en los últimos años, entre los que se incluyen mujeres violadas a punta de pistola. El Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar en consecuencia su embargo de armas al territorio de Sudán del Sur”, dijo Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Nuestro nuevo informe pone de relieve la necesidad urgente de que se abran investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos crímenes. Los perpetradores de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto deben responder ante la justicia y debe acabarse la impunidad generalizada por estos delitos”, reclacaman.
Tres de estas personas dijeron que habían sido secuestradas y obligadas a hacer trabajos forzados o usadas como esclavas sexuales entre dos y cuatro años. Tres sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional que habían dado a luz tras ser violadas.
Violaciones a punta de pistola
Nueve personas sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto han relatado a Amnistía Internacional que los perpetradores las habían violado a punta de pistola y las habían amenazado con matarlas con sus armas a ellas o a sus familiares si no obedecían. Gloria, que fue violada a punta de pistola en 2016, dijo que se había encontrado con cinco hombres armados: “El soldado me dijo […] elige […] si tengo una relación sexual contigo o te mato a ti y a todos tus hijos”.
Las personas que defienden los derechos humanos en Sudán del Sur apoyan la renovación del embargo de armas como medida para reducir las violaciones de derechos humanos y los abusos, incluidos las violaciones y los homicidios de civiles.
A pesar de que la ONU, Amnistía Internacional y otras entidades han documentado centenares de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en el último decenio, «el enjuiciamiento de presuntos autores sigue siendo poco habitual y prevalece la impunidad», aseguran desde la organización. Desde enero de 2020, sólo un puñado de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra civiles cometidos por agentes de seguridad del Estado han llegado a juicio ante tribunales militares o civiles.
“Las autoridades sursudanesas deben abordar urgentemente estos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Su respuesta debe basarse en las necesidades médicas, psicológicas y socioeconómicas de las personas sobrevivientes. También debe abordar las causas fundamentales de la violencia e incluir a las personas sobrevivientes en la toma de decisiones sobre los asuntos que las afectan”, ha zanjado Deprose Muchena.