El gobierno del presidente Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, tras un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha. “Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, ha denunciado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según explica la organización tras llevar a cabo una investigación de crisis en el país. al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado. «Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos», han asegurado en un comunicado en el que alertan de que el país se encuentra sumergido en una crisis de derechos humanos tras tres años de Gobierno.
Durante las últimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional ha documentado minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios. Adicionalmente, la organización solicitó reuniones con diversas autoridades, incluyendo con el presidente Nayib Bukele.
Detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y garantías judiciales
Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales —la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia— sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.
«Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión. Durante la detención, y antes de ser puestas a disposición de la autoridad judicial (que suele suceder al cumplirse 15 días de detención, tras haber suspendido, a través del régimen de excepción, el plazo constitucional de 72 horas máximas para la “detención administrativa”), la persona detenida no suele tener contacto con su representante legal, ni siquiera momentos previos a la audiencia, o es de apenas unos minutos, aseguran desde AI.
En prácticamente todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban detenidos sus familiares. Al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podría constituir en desaparición forzada. Esto ha llevado a decenas de personas a interponer un recurso de exhibición personal (habeas corpus) ante la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hasta la fecha organizaciones de derechos humanos reportan que los procesos no presentan avances.