El primer ministro etíope, Hailemariam Desalegn, actual líder de la Unión Africana (UA), acusó el lunes al tribunal de emprender una «caza racista». La semana pasada, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, aseguró que su país nunca formaría parte del organismo internacional, ya que sólo se encargaba de procesar a líderes africanos.
En un comunicado, el TPI ha dicho «respetar» el papel de la Unión Africana como bloque clave en su región y ha mostrado su deseo de mantener una relación «constructiva», habida cuenta de que 34 estados del continente son parte del Estatuto de Roma. «La mayoría de las investigaciones actuales del tribunal se iniciaron por petición de los Estados africanos aludidos», ha recordado.
El TPI ha defendido que opera «dentro del mandato y del marco legal» del Estatuto de Roma y que, por tanto, «no puede tener en cuenta factores políticos» a la hora de tomar sus decisiones, adoptadas de forma «independiente» y «sin consideraciones regionales o étnicas». Asimismo, ha indicado que los casos «no sólo tienen que ver con los sospechosos o los acusados», sino también con «miles de víctimas».
La corte ha aclarado que su cometido no es «reemplazar a las jurisdicciones nacionales», sino «complementarlas». El Estatuto de Roma «marca los criterios» para determinar a quién compete cada caso, según el TPI, que ha reiterado en su nota su compromiso para «terminar con la impunidad y contribuir a los crímenes más graves» registrados a nivel internacional.