Al igual que su homólogo Hollande, Renzi también promete un año »movidito». «Ritmo». Es, según el primer ministro italiano, la palabra para este año que acaba de empezar. Una promesa del dirigente italiano, hecha a finales de año pasado, que deberá cumplir: hace ya 10 meses, en febrero de 2014, que llegó al poder, lleno de promesas y reformas. Y todavía le queda por cumplir.
Pese a algunos éxitos, como la reforma anticorrupción, el dirigente italiano está atascado: los lobbies y la complicada política italiana ha »desdentado» las agresivas reformas que había prometido. El dirigente intentará ahora continuar con sus esfuerzos por reducir el excesivo gasto público del país, simplificar su ley electoral y llevar a cabo su prometida reforma laboral.
Pero el Año Nuevo llega también con más complicación: con el anuncio de dimisión de Napolitano, las luchas políticas por elegir a su sucesor prometer atascar aún más al país. Pero le pisan los talones: la economía italiana entró a finales de 2014 en su tercera recesión desde 2008, una mala noticia que ha instigado temores en Europa, que necesita de la economía italiana para arrancar de nuevo.
Y Europa ha aumentado la presión sobre el joven primer ministro, que se ha visto obligado a optar por las votos de confianza para hacer avanzar sus planes, amén de aguar sus propuestas. Al igual que Hollande, Renzi también ha visto caer su popularidad y este pasado mes vio su primera huelga general, convocada con los sindicatos que rechazan más facilidades para el despido en las empresas.
Pese a todo, Renzi optó antes de fin de año por poner buena cara: «Hemos hecho todo lo que prometimos«, aseguró, «hemos cometido muchos errores, pero hemos puesto nuestras reformas en marcha. Estoy seguro de que Italia lo puede conseguir».
De momento queda el año por delante, a la espera de que se aprueben las medidas. Lo que sí que está claro es que las atrevidas promesas de Renzi ya han tenido que rebajarse.
Prometió eliminar las 107 provincias que tiene el país, algo que no ocurrirá: requiere un cambio en la Constitución, por lo que finalmente el primer ministro ha optado por una solución de transición: 20.000 de los 50.000 empleados que trabaja en gobiernos locales serán retransferidos a otros puestos públicos, pero las provincias mantienen su poder. Agua de borrajas que también ha ocurrido en su prometida reforma laboral, suavizando la regla que permite el despido por razones disciplinarias.