«Si mañana, martes 6 de diciembre, el régimen no cumple los compromisos adquiridos, Acción Democrática se retira de la mesa diálogo», ha anunciado Ramos Allup a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
El jefe del Parlamento ha subrayado que incluso «el Vaticano ha emplazado al régimen a cumplir los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo» y, por eso, «ahora Maduro lo acusa de ‘infiltrado’ y ‘saboteador'».
El pasado viernes, el líder bolivariano denunció la existencia de «maniobras para implosionar la mesa de diálogo con la complicidad de uno de los factores acompañantes». «Tengo las pruebas en mano», afirmó sin dar más detalles.
El secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesús ‘Chúo’ Torrealba, ha revelado este lunes que el Vaticano ha enviado una carta al Gobierno que también ha recibido la coalición opositora para pedirle que cumpla lo prometido en el marco del diálogo.
Torrealba ha explicado que «la carta es confidencial», por lo que no hablará de su contenido «hasta que el Vaticano lo haga», si bien ha asegurado que en esta misiva la Santa Sede «desmiente la postura del Gobierno», que niega tajantemente que se haya comprometido a liberar presos políticos y facilitar una «salida electoral» a la crisis.
«Ya no es la oposición quien lo dice. Ya es el más cualificado de los facilitadores quien envió una comunicación, quien desmiente de una manera absolutamente clara, terminante, esas alegaciones oficiales», ha destacado Torrealba. «Esto es muy importante porque revela la condición mentirosa del Gobierno», ha subrayado.
El Gobierno y la MUD instalaron el 30 de octubre en Isla Margarita una mesa de conversaciones para superar la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela, con la mediación del Vaticano y de UNASUR, en nombre de quien actúan los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
La crisis política se agravó hace justo un año, cuando la MUD ganó las elecciones parlamentarias haciéndose con el control de la Asamblea Nacional. Desde entonces, el Gobierno ha desconocido la práctica totalidad de los actos emanados de la sede legislativa.