En los últimos días, el chavismo mantiene una ofensiva contra la oposición, que cuestiona la independencia de los poderes públicos en Venezuela.
La semana pasada fueron detenidos los alcaldes Daniel Ceballos, de San Cristóbal (oeste), y Enzo Scarano, de San Diego (norte), por su supuesta falta de acción para prevenir desórdenes públicos durante las protestas. Ambos fueron trasladados a una prisión militar, y Scarano ya fue condenado a 10 meses de cárcel y destituido de su cargo.
Más tarde Maduro amenazó con detener a Ramón Muchacho, alcalde del acomodado municipio de Chacao, epicentro de las protestas en Caracas y donde desde hace más de un mes y medio se viven manifestaciones con enfrentamientos entre radicales y policías.
Sin embargo, Maduro sigue convocando a la oposición al diálogo nacional entablado desde hace semanas con varios sectores del país, entre ellos la patronal Fedecámaras, vinculada a la oposición.
Este martes y miércoles se reunirá en Caracas una comisión ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para «acompañar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela«.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a posibles medidas que el Tribunal Supremo de Justicia podría tomar contra el líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, a quien culpa de hechos de violencia ocurridos en las protestas callejeras.
«El TSJ tiene grandes responsabilidades para obligar a este gobernador a cumplir con la ley y con los ciudadanos, o si no que se vaya definitivamente», dijo Maduro al denunciar que «por su culpa precisamente» una mujer embarazada habría perdido la vida tras recibir un balazo la noche del domingo en un suburbio de Caracas, en Miranda.