El acuerdo, que será firmado a lo largo de la próxima semana, establecerá un marco de cooperación tripartito con el que resolver la situación de cientos de miles de personas que se encuentran en Bangladesh. Desde finales de agosto, unos 700.000 rohingya han cruzado al país vecino para huir de la represión de las fuerzas birmanas.
ACNUR ha explicado en un comunicado que, en la medida en que «todavía no se dan las condiciones para un retorno voluntario», el pacto suscrito este jueves en Naipyidó es «un primer y necesario paso» para tratar de garantizar el bienestar de todas las comunidades en Rajine.
La ONU tendrá acceso a dicho estado, después de estar vetada desde que estalló la ola de violencia en agosto, y de esta forma podrá evaluar las condiciones sobre el terreno y «llevar a cabo actividades de protección». ACNUR también facilitará datos a los refugiados sobre la situación de sus lugares de origen para que puedan tomar «decisiones informadas» sobre su posible retorno.
UNA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO
Una vez firmado, el acuerdo tripartito también obligará al Gobierno birmano a trabajar junto a Naciones Unidos para «encontrar una solución para la población rohingya», lo que en última instancia incluye dar pasos para permitir la ciudadanía de una comunidad mayoritariamente apátrida y garantizar la libertad de movimiento.
Precisamente cientos de rohingyas han presentado este jueves un documento ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para instarle a investigar la persecución, después de que la Fiscalía de dicha corte plantease en abril la posibilidad de analizar los presuntos abusos cometidos por parte de las fuerzas birmanas.