En los 70 años pasados desde su creación, Naciones Unidas sólo ha modificado cuatro artículos de su Carta fundacional, a pesar de que el mundo es notablemente distinto 70 años después.
En 1965, se tocó para fijar en 15 el número de miembros, frente a los 11 de entonces, en 1965, se cambió el número de votos afirmativos exigidos para tomar decisiones, de siete a nueve. Ese mismo año, se aumentó también el número de los miembros de su Consejo Económico y Social, y, tres años después, el número de votos necesarios en el Consejo de Seguridad para convocar una Conferencia General para revisar la Carta.
Ningún cambio más, a pesar de las reclamaciones. A lo largo de este tiempo, sus Estados miembro y numerosos analistas internacionales han coincidido en la necesidad de reformar su estructura y el modo en que se toman las decisiones, marcado por el poder de veto de sólo cinco países, de los 193 que actualmente componen el organismo.
¿Cuáles son las reformas más urgentes que debería afrontar Naciones Unidas?
Ampliación de los miembros del Consejo
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano más importante del organismo y tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, según se establece en la Carta fundacional. De ella depende, por ejemplo, que se establezcan y mantengan las misiones de paz, o de que se acuerde intervenir en un país en concreto.
El Consejo está integrado por 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. Los otros 10 son elegidos por la Asamblea General por períodos de dos años, como representantes regionales (tres países africanos, dos asiáticos, dos latinoamericanos, dos de Europa occidental u otras regiones -con al meinnos uno europeo- y uno de Europa del Este, adenás de un país árabe). En la actualidad, esos diez miembros son Azerbaiyán, Argentina, Australia, Guatemala, República de Corea, Marruecos, Pakistán, Luxemburgo, Ruanda, Togo y Colombia.
La adopción de una decisión del Consejo requiere de nueve votos a favor y salvo en los casos de votaciones sobre cuestiones de procedimiento, no se puede adoptar una decisión si uno de los miembros permanentes la veta.
La Carta establece que si el Consejo de Seguridad tiene constancia de una amenaza a la paz internacional, debe examinar primero las posibilidades de solucionarla de forma pacífica, y después, si así lo considera, puede enviar una misión para tratar de separar a las fuerzas en combate y mantener los acuerdos de paz.
Sin embargo, son muchos los expertos que consideran que una reforma de la estructura de la organización debería contemplar dar voz como miembros permanentes a países emergentes y a las economías actualmente más prometedoras. Serían países como Brasil, Japón-que es actualmente el segundo donante de fondos al organismo- o Alemania “país al que no se le da voto, porque fue un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial”, señala Eric Frattini, autor del libro “ONU, historia de la corrupción” (Espasa) y que durante cuatro años trabajó para el organismo. Frattini señala también a la India, un país que tiene actualmente un enorme peso diplomático estratégico en la región de Asia Central.
En 2011, un grupo de cinco países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, (Los denominados BRICS) reclamaron una reforma integral que incluía de manera especial la del Consejo de Seguridad. Entre sus propuestas estaba la de ampliar el máximo órgano de decisión del organismo de 15 a 25 miembros, con seis nuevos puestos permanentes, que se sumarían a los de EE UU, Rusia, Francia, Reino Unido y China, y cuatro asientos rotatorios más. Aunque sin dar nombres de países concretos, sí proponían que de los asientos fijos dos sean para África, dos para Asia, uno para Latinoamérica y uno para Europa occidental.
Con su nuevo diseño de la ONU se pretendía limitar el poder de veto de “los cinco” y favorecer una mayor representación regional y democracia, dos de las frecuentes críticas al Consejo.
“Las peticiones de reforma del Consejo de Seguridad no son nuevas, aunque sí la presión se intensifica”, señalan desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos, “La falta de democracia en los procesos, la insuficiente representación geográfica y la cuestionable legitimidad de un órgano tan poderoso, constituyen razones suficientes para las peticiones de cambio. De hecho, la discución no es si el Consejo se debe o no reformar, sino el alcance de la reforma y cómo se llevará a cabo”.
Éste organo, señalan desde el IEEE, mantiene una estructura heredada de la Segunda Guerra Mundial, que, en la actualidad, no se ajusta a los cambios geopolíticos y económicos, que se caracterizan por la pujanza de las organizaciones regionales. “la ampliación es una necesidad aceptada por la mayoría”, indican.
Sin embargo, después de que Kofi Annan abandonase su cargo como secretario general, en 2006, 136 Estados miembro elevaron un documento al Consejo de Seguridad con 93 propuestas de reforma. El fracaso y el poder de este órgano quedó evidenciado: de ellas, solamente cinco fueron aceptadas; cuatro, de forma parcial.
Con esa ampliación de miembros que se solicita y que algunos analistas elevan hasta a 30, se debate también el carácter permanente o no permanente que deberían tener y si tendrían o no derecho a veto. Países como Reino Unido, Francia, Rusia y Alemania se han mostrado favorables a establecer un grupo de países que tendrían un mandato de mayor duración que podría convertirse en permanente.
Suprimir el poder de veto
El actual funcionamiento del Consejo de Seguridad, con cinco miembros permanentes con derecho a veto, las cinco potencias nucleares en el momento de fundación de la ONU, se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Los creadores de la Carta de las Naciones Unidas estaban entonces convencidos de que estos cinco países seguirían desempeñando un papel crucial para el mantenimiento de la paz y les concedieron este privilegio.
Eso implica que para las votaciones que no afecten a cuestiones de procedimiento, y que son las más trascendentales y de las que dependen las mayores operaciones internacionales, se debe contar con el visto bueno de los cinco miembros permanentes. El veto de uno de ellos, supone que la resolución no se apruebe, lo que ha provocado desde negativas a intervenir en situaciones de conflicto, a bloqueos a resoluciones de condena ante masacres. Una de las más recientes, el año pasado, cuando Rusia vetó la intervención en Siria, a pesar de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Al Assad.
Según datos de septiembre del año pasado, el derecho a veto se ha ejercido en 231 ocasiones, en la mayoría de los casos, por EEUU y Rusia. Sin embargo, las cifras señalan también que la mayor parte de estos vetos se ejercieron durante el periodo de la Guerra Fría.
La reforma en este caso parece, a día de hoy, una cuestión más utópica que real. Como señala el periodista Eric Frattini, estos cinco países son también los cinco principales países productores de armamento, “y podrían entender que si entregan su poder de derecho de veto pueden verse en un problema en el futuro. Por eso, para evitar ese problema, prefieren no tirar para delante con una reforma que sí es necesaria”.
Dotar al organismo de mayor transparencia económica
Aunque la decisión de iniciar, mantener o ampliar una operación de paz depende del Consejo de Seguridad, su financiación es “responsabilidad colectiva de todos los Estados miembros”, tal y como el organismo indica en sus reglamentos.
Las aportaciones se basan en una escala especial que tiene en cuenta, entre otras cosas, la riqueza económica relativa de los Estados Miembros. Además, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben pagar un porcentaje mayor debido a su especial responsabilidad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
En la práctica, son trece los Estados que sufragan cuatro quintas partes del presupuesto total de las Naciones Unidas. Estados Unidos, Japón, Alemania, la Federación de Rusia, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá, España, Ucrania, Brasil, Australia y los Países Bajos. Los primeros cuatro países aportan más de la mitad de la financiación.
El presupuesto para las operaciones de paz entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de este año fue de 7830 millones de dólares y los diez principales países proveedores EEUU (28,38%) , Japón (10,83%) Francia (7,22%) ,Alemania (7,14%) ,Reino Unido (6,68%) ,China (6,64%) ,Italia (4,45%), Federación Rusa (3,15%) ,Canadá (2,98%) y España (2’97%).
Existen además países que aportan donaciones puntuales para determinadas operaciones y agencias del organismo. Detrás de las donaciones más importantes se encuentran muchos del Golfo Pérsico. Arabia Saudí, por ejemplo, donó a mediados de este mes 100 millones de dólares para el Centro de Naciones Unidas contra el Terrorismo y también recientemente, Kuwait firmó un compromiso para destinar 500 millones de dólares para el programa de ayuda humanitaria a la población siria de la ONU. El año pasado, este país fue el mayor donante a la campaña de emergencia del organismo.
Arabia Saudí, Kuwait y Qatar están actualmente en el punto de mira por la sospecha de que las donaciones particulares de acaudalados empresarios de estos países están detrás de la financiación de Estado Islámico. De ahí que se sugiera que la ONU mantenga una posición tibia, para evitar molestar a países que aportan ingentes cantidades a las arcas del organismo.
Con ello, Naciones Unidas goza de una impunidad prácticamente absoluta en lo que a su contabilidad se refiere. Las cuentas del organismo están exentas de todo control, no existe fiscalización y ello provoca numerosos casos de corrupción en sus agencias, como señala Frattini en su libro.
Obligar a los países a acatar las resoluciones
De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU deben cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en no pocas ocasiones, los países han dado muestras de su “desobediencia”.
“Un exámen crítico de cómo los Estados miembros de las Naciones Unidas se comportan nos lleva a la conclusión de que demasiados de ellos simplemente no se conducen de conformidad con los objetivos y principios detallados en la Carta. Esto indica que hay una gran necesidad de reforma, a nivel nacional, en muchos estados”, opina Hans Corell, que durante diez años fue Principal Consejero Legal de Naciones Unidas, en un artículo titulado “¿Quién necesita más la reforma? ¿Las Naciones Unidas o sus miembros”.
Este experto recuerda que desde la creación del organismo, en 1945, la Carta de Naciones Unidas gobierna el “uso de la fuerza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”. Ese uso está permitido únicamente en dos situaciones: en defensa propia o con la autorización del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, dice, a pesar de ello, algunos países toman decisiones unilaterales. Corell es especialmente crítico con la Administración norteamericana. “A pesar de lo antedicho, EEUU atacó Irak en marzo de 2003. No había autorización conferida por el Consejo de Seguridad en este caso particular. Y no se trataba ciertamente de una situación de defensa propia. En consecuencia, el ataque en cuestión fue una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”, afirma.
“Es importante demostrar al mundo entero que cuando una acción contra un Estado miembro se toma, ello ocurre de conformidad con el derecho internacional, particularmente si se utiliza la fuerza (…) El hecho que la administración norteamericana demostrara, de ese modo, que es capaz de ponerse por encima de la ley, cuando esto conviene a sus intereses, transmite un mensaje terrible al mundo”.
Cascos azules, rodeados del escándalo
En julio de 2011, un vídeo grabado con un teléfono móvil reveló los abusos cometidos por miembros de la Minustah, soldados de la ONU en misión en Haití, contra un joven haitiano de 18 años. El caso provocó una enorme repulsa internacional y acabó con cinco de los implicados en prisión, después de ser juzgados en Uruguay, su país de origen.
No es el único escándalo que ha removido la imagen de los efectivos de las misiones internacionales en países en conflicto, unos 120.000 que se encuentran repartidos por todo el mundo. Soldados en Nepal acusados de cometer abusos sexuales en la República Democrática del Congo, investigaciones por agresiones sexuales en Costa de Marfil, personal de la ONU involucrado en violaciones en Liberia, cuatro soldados repatriados de Bangladesh por un caso de explotación sexual en la misión sudanesa…
En mayo de 2005, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, informó de 105 denuncias por explotación y abusos sexuales en las que estaban implicados cascos azules, el doble que en el año anterior.
Dos años después, se admitieron investigaciones sobre 319 cascos azules por explotación sexual y abusos sexuales en las misiones de paz, en un periodo de tres años. No existen más datos. Esas investigaciones acabaron con el despido inmediato de 18 civiles, y la repatriación de 17 agentes de policía y 144 militares.
En 2008, la organización Save the Children publicó el estudio “No one to turn” (Nadie a quién recurrir) en el que se documentaban los casos de explotación y abusos sexuales de niños por parte de cascos azules y trabajadores de organizaciones internacionales, sobre todo en Haití, Liberia, República Democrática del Congo y Costa de Marfil.
Esta ONG advertía, al mismo tiempo, de que muchos de los casos no llegan nunca a salir a la luz, por el temor a perder ayuda, la resignación o incluso por la desconfianza en una respuesta efectiva. «Muchas agencias de la ONU y ONGS aquí sienten que nadie las puede tocar», explicaba un cooperante de Costa de Marfil, en declaraciones recogidas por la organización.
Los abusos documentados por Save the Children van desde tocamientos a violaciones o intercambio de sexo por comida o dinero o grabaciones de menores desnudos para utilizar después las cintas como material pornográfico. Aunque las víctimas suelen tener entre catorce y quince años, se han revelado casos de niños de apenas seis.
Según la cadena BBC, que ha elaborado varios reportajes sobre este asunto, los imputados suelen ser investigados y repatriados, y se les prohibe participar en otras acciones. Sin embargo, la capacidad de la ONU ante estos casos, en cambio, es limitada, porque son asumidos de forma particular por cada Estado miembro, que se encarga de procesar a sus ciudadanos, algo que alarga y complica los procesos, según responsables del organismo.
El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, recordó el año pasado que la organización tiene una política de “tolerancia cero hacia los delitos sexuales cometidos por tropas de las fuerzas internacionales de paz”.