La Comisión de Investigación ha indicado que Israel debería investigar la muerte de más de 6.000 personas, una cifra mucho más alta de la de las investigaciones criminales que han anunciado la apertura de once.
El Ministerio de Exteriores israelí ha expresado en un comunicado sus «graves preocupaciones» en torno al «análisis legal y de los hechos» por parte de la comisión, así como con su metodología debido al «claro sesgo político contra Israel».
«La comisión ignora hechos clave relativos a los hechos en la frontera con Gaza, siendo el más importante la clara y documentada participación de Hamás en los sucesos desde su inicio, la naturaleza y la extensión de la violencia y los ataques armados que tuvieron lugar en estos sucesos y la muy real amenaza a la población de Israel y las fuerzas militares como resultado de los mismos», ha señalado.
Asimismo, ha resaltado que «la comisión yerra en su análisis legal al no comprender y valorar de forma adecuada las posiciones legales de Israel», antes de criticar que «aparentemente la comisión acepta sin dudar la información facilitada por Hamás y fracasa a la hora de llevar a cabo sus propios análisis de distintas fuentes y de los propios acontecimientos».
«La comisión ignora además la información pertinente publicada por Israel a lo largo de 2018. Asimismo, no valora de forma adecuada los sistemas de investigación (…) de Israel o simplemente repite afirmaciones infundadas de otras entidades. La comisión muestra una absoluta falta de respeto por el sistema legal del Estado de Israel», ha añadido.
El Ministerio ha criticado además «la falta de experiencia relevante» por parte de los comisionados, al tiempo que ha señalado que «uno de ellos es ciudadano de un país que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel».
En este sentido, ha cargado además contra el mandato a la comisión por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha argumentado que el mismo «ordenaba investigar los ‘asaltos militares’ de Israel contra ‘protestas civiles'». «Esto influyó claramente el trabajo de la comisión e impactó directamente sobre sus conclusiones», ha argüido.
«Este sesgo es especialmente evidente en el total fracaso de la comisión a la hora de hacer recomendaciones a Hamás», ha dicho, antes de resaltar que «si la comisión hubiera deseado seriamente entregar un informe objetivo que contribuya a los Derechos Humanos y la seguridad de los individuos hubiera reclamado a Hamás que actúe a la vista de los sucesos».
De esta forma, ha explicado que «el informe sólo servirá para animar a Hamás a usar a la población civil como escudos y como una herramienta en sus esfuerzos para atacar a Israel e incrementar el peligro a los civiles en ambos bandos».
Pese a sus críticas, ha incidido en que «la conducta pasada de Israel ha demostrado que está dispuesto a estudiar y actuar sobre cualquier material relativo a su conducta, política e incidentes individuales».
«Debe recordarse que el Ejército revisa su conducta sin esperar o depender de informes de entidades internacionales», ha manifestado, antes de apuntar que «esto ha incluido el análisis de más de cien incidentes».
Por último, ha argumentado que «la principal prueba del riesgo de este informe y su efecto negativo sobre la protección de los Derechos Humanos es el hecho de que Hamás lo ha respaldado de forma pública y abierta».
Las protestas por la ‘Gran Marcha del Retorno’ arrancaron en marzo de 2018 para reclamar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a las viviendas en las que residían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifró en enero en al menos 254 los palestinos muertos y en más de 23.600 los heridos en Gaza a causa de la represión israelí de las manifestaciones.