En la última década, Israel ha recibido miles de inmigrantes africanos a través de la frontera con Egipto. Calcula que actualmente hay unos 37.000 y otros 4.000 han abandonado el Estado judío desde 2013 mediante un programa de deportación voluntaria.
En enero, las autoridades hebreas comenzaron a entregar notificaciones a inmigrantes de Eritrea y Sudán avisándoles de que tenían tres meses para irse voluntariamente, para lo cual les ofrecía un billete de avión y 3.500 dólares como ayuda inicial, o, de lo contrario, serían detenidos para ser deportados de manera forzosa.
El Ejecutivo de Netanyahu estaba en negociaciones con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como con Ruanda y Uganda, para reubicar a estas personas, pero el Tribunal Supremo intervino la semana pasada y le dio de plazo hasta la medianoche del 15 de abril para cerrar estos acuerdos o liberar a los inmigrantes.
«Dado que las conversaciones con terceros países están aún en marcha y, conforme al fallo del 10 de abril, los detenidos (…) serán liberados a lo largo del día de hoy (domingo)», ha dicho el Ministerio de Interior en un comunicado, según informa el diario israelí ‘Yedioth Ahronoth’.
«Hoy ha quedado claro, más allá de toda duda, que la deportación forzada no es una opción. Incluso los terceros países se niegan a formar parte de estos movimientos inhumanos», ha dicho Stop The Expulsion, una plataforma integrada por varias ONG que ha colaborado para impedir las expulsiones.
Las ONG han reclamado a Netanyahu que «deje de hacer un uso cínico de los solicitantes de asilo» y busque una «solución real» para evitar los abusos contra los inmigrantes africanos.