El texto de la propuesta subraya que refuerza la capacidad de disuasión de Israel, «piedra angular de la seguridad israelí y vía para salvar vidas y que se cumpla la ley y el orden».
Sin embargo, la propuesta ha sido ya criticada por diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos e incluso el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, ha anunciado este lunes su oposición a la medida.
«La propuesta infringe gravemente el derecho a la libertad y a la propiedad de los miembros de la familia señalados para su deportación por un acto de otro miembro de la familia y sin pruebas de que (la familia) suponga peligro alguno», ha apuntado Mandelblit, según recoge el diario ‘The Times of Israel’ en su edición digital.
El fiscal recuerda que la reubicación solo se permite en caso de «amenaza específica procedente de esa persona», por lo que considera que hay un «impedimento constitucional para que se aplique la iniciativa». Igualmente sería problemática a nivel internacional y alerta de que la reacción podría ser muy perjudicial.
La demolición de la vivienda de un palestino que participe en acciones armadas contra Israel es una práctica habitual de las autoridades israelíes y de hecho se ha criticado la falta de demoliciones tras los recientes atentados contra las colonias judías de Cisjordania. Otras medidas de disuasión israelíes incluyen el bloqueo de los lugares de residencia de los sospechosos o la revocación de permisos de trabajo, criticadas igualmente por ser un castigo colectivo.