Israel bloqueó el sábado la transferencia de 106 millones de euros en impuestos recaudados por cuenta de la Autoridad Palestina, en protesta por la demanda de adhesión de dicha entidad a la Corte Penal Internacional (CPI), informó un responsable israelí.
Se trata de la primera medida de retorsión israelí ante esa demanda palestinas ante Naciones Unidas, criticada también por Estados Unidos. El castigo israelí es «un crimen de guerra», condenó el jefe negociador palestino, Saeb Erakat. Los palestinos «no retrocederán antes las presiones isralíes», dijo.
Dejar sin los ingresos fiscales a la Autoridad Palestina representa una seria amenaza. Desde que los acuerdos de paz de Oslo de 1993 fueron firmados, los impuestos que Israel recolecta significa la mitad del presupuesto palestino.
La demanda palestina ante la CPI abre la puerta a posibles denuncias por crímenes de guerra contra Israel, algo que alarma al gobierno de Benjamin Netanyahu.
Israel sopesa a su vez demandar a líderes palestinos por «crímenes de guerra» si fuera necesario, según un comunicado recibido este sábado por la AFP que citaba «fuentes próximas a un responsable gubernamental israelí».
Paralelamente a sus demandas de adhesión a instituciones de la ONU, los palestinos quieren también que Naciones Unidas debata un proyecto de resolución para fijar plazos para instaurar un Estado de pleno derecho, con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como capital. El pasado martes, el texto palestino sólo consiguió sumar ocho votos, uno menos que los nueve que se necesitan para aprobar una resolución. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros.
Con la entrada de nuevos miembros a partir del 1 de enero, la Autoridad Palestina quiere volver a intentarlo. Aunque no indicó una fecha, un portavoz palestino, Nabil Abu Rudeina, dijo que el texto será presentado «próximamente» de nuevo ante el Consejo de Seguridad. Israel ya ha pedido que no sea tenido en cuenta.
Israel también busca cómo denunciar a los dirigentes palestinos en EEUU y otros países
El Gobierno israelí está tanteando posibles fórmulas para denunciar a los dirigentes palestinos en terceros países, como Estados Unidos, en respuesta a la decisión de los palestinos de suscribir el Estatuto de Roma, por el que se da competencias al Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar crímenes en los territorios palestinos.
Un responsable israelí ha indicado que los palestinos «deberían tener miedo a las iniciativas legales». «Israel está sopesando las posibilidades de una causa judicial a gran escala en Estados Unidos y otros lugares» contra el presidente palestino, Mahmud Abbas, y otros responsables.
Probablemente esta intención se plasmaría a través de iniciativas legales promovidas por grupos no gubernamentales y organizaciones proisraelíes, ha explicado un segundo responsable israelí. En concreto, Israel podría denunciar a los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina por colaborar con el grupo islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza, mediante el acuerdo de gobierno de coalición suscrito el pasado mes de abril.
Hamás «perpetra crímenes de guerra, dispara contra civiles desde zonas pobladas por civiles», indican las fuentes israelíes, en referencia al lanzamiento de cohetes desde territorio gazací. En la última guerra abierta entre ambos bandos. El pasado verano murieron más de 2.100 palestinos, la mayoría civiles, y 20.000 viviendas quedaron destrozadas en Gaza. Por la parte israelí, 67 soldados y seis civiles murieron.
Los palestinos presentaron el viernes en la sede de la ONU en Nueva York los documentos necesarios para la adhesión al Estatuto de Roma con la intención declarada de lograr «justicia para todas víctimas asesinadas por Israel, la potencia ocupante». Palestina fue reconocida como Estado por la Asamblea General de la ONU en 2012, por lo que ya puede solicitar su adhesión a tratados como el Estatuto de Roma.
Las iniciativas diplomáticas palestinas han sido muy criticadas por Israel y también por Estados Unidos, principal valedor del Estado judío en el ámbito internacional. Washington apoya un estado palestino, pero siempre tras un acuerdo de paz negociado con Israel.
Además, presta anualmente ayuda a la Autoridad Palestina por valor de unos 400 millones de dólares, un apoyo que podría verse cercenado según las leyes estadounidenses si se demuestra la Autoridad Palestina ha utilizado esta financiación para impulsar denuncias contra Israel en el TPI.