«Aplastar las instituciones religiosas del país no solucionará los problemas y, de hecho, sólo los complicará», ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Marzieh Afjam, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.
Así, ha aconsejado al Gobierno bahreiní que «evite los acercamientos de tinte tribal y de seguridad y prepare el terreno para satisfacer las demandas de la población adoptando medidas de construcción de confianza».
Las palabras de Afjam han llegado apenas horas después de que un tribunal del país ordenara la disolución del organismo argumentando que el mismo es «ilegal». La oposición ha afirmado que la resolución podría afectar a los intentos por poner fin a la agitación política en el reino.
La decisión del tribunal se produce varias semanas después de que se reanudaran las conversaciones de reconciliación entre la cúpula gobernante –suní– y la oposición chií, lo que hizo despertar las esperanzas de acabar con el impás político que vive el país.
Bahréin se ha visto afectado por los disturbios civiles desde 2011 cuando una mayoría chií de manifestantes tomaron las calles para pedir reformas democráticas. La represión violenta de las protestas ha provocado la muerte de más de 80 personas.
La Justicia ha argumentado en su fallo que el Consejo de Estudios Islámicos, próximo al principal grupo opositor chií, Al Wefaq, no estaba oficialmente registrado en el Estado del golfo pérsico.
La ministra de Comunicación bahreiní, Sameera Rajab, ha dicho que el Consejo ha adoptado lo que denominó una política «peligrosa» y un papel «sectario», si bien ha expresado su deseo de que el fallo no frene los diálogos con la oposición.
«El diálogo se produce entre grupos políticos y partidos que representan al pueblo pero no hay conversaciones con grupos religiosos, sectas, o con aquellos que adoctrinan», ha añadido la ministra.
LA OPOSICIÓN DEFIENDE AL CONSEJO
La sentencia ha sido criticada por la oposición, que ha acusado a la dinastía gobernante, los Al Jalifa, de querer sabotear los intentos de reconciliación.
El secretario general del partido Al Wefaq, Ali Salman, ha dicho que la sentencia tendrá un efecto negativo en los intentos por avanzar en el proceso de reconciliación. «La decisión de ir en contra del Consejo de Ulemas supone un ataque a la comunidad chií en Bahréin», ha afirmado.
También ha expresado que el Consejo ha hecho comentarios sobre temas como la unidad nacional y que ha realizado peticiones públicas pero que, sin embargo, «no era un grupo político». El secretario ha añadido que el Consejo fue creado hace cinco años y que estaba formado por 130 trabajadores.
El príncipe heredero de Bahréin, Salman bin Hamad al Jalifa, considerado como uno de los miembros más moderados de la familia real, ha apostado por que se retomaran las conversaciones después de reunirse con los líderes de Al Wefaq este mes. Ambas partes coincidieron en la necesidad de iniciar conversaciones.
Sin embargo, la pérdida de confianza entre la oposición chií y la familia Al Jalifa, apoyada por Arabia Saudí, ha crecido en estos últimos tres años después de que las autoridades reprimieran las protestas. La mayoría de los chiíes observan con escepticismo los movimientos de reconciliación.
Los altercados en Bahréin se producen a diario entre los manifestantes y la Policía y las conversaciones para acabar con la agitación del país han fracasado. El reino se encuentra en medio de una lucha regional entre la influencia del poder chií iraní y el peso suní en Arabia Saudí.
Las tensiones continúan y según varios testigos, la Policía ha disparado gases lacrimógenos contra alrededor de 200 manifestantes que se concentraron este miércoles en la ciudad chií de Diraz, tras una funeral por la muerte de un joven que falleció bajo arresto.