La normativa actual que data de 2005 ya prohíbe la exportación e importación de bienes que se utilizan para la pena de muerte o infligir torturas o un trato cruel, inhumano o denigrante y contempla un régimen de autorización para exportar bienes susceptibles de ser utilizados para infligir torturas o un trato cruel.
El endurecimiento de la normativa incluye normas específicas para el control de exportaciones para impedir que bienes sean utilizados para ejecutar la pena capital en un tercer país aunque el régimen de autorización de exportación prevé una exención para las exportaciones a países que han abolido la pena de muerte a cambio de garantías de que no se reexportarán a otros países sin una aprobación previa.
Los controles de exportación se aplican por ahora a ciertos anestésicos, aunque las nuevas normas prevén, a demanda de los eurodiputados, un procedimiento más ágil que autoriza a la Comisión Europa a añadir bienes adicionales aprobados o utilizados para la pena capital en un país tercero o varios a la lista de bienes prohibidos o sometidos a un control sin necesidad de esperar al visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo.
SE PROHÍBE EL TRÁNSITO EN LA UE Y SU PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Los eurodiputados también han logrado incluir en las nuevas normas la prohibición de tránsito de los bienes vetados en territorio comunitario, algo que obligará a los transportistas a paralizar el tránsito de los productos controlados, susceptibles de ser utilizados para la tortura, si tienen conocimiento de que envío acabará en las manos equivocadas.
La publicidad y promoción de productos exclusivamente utilizados para la ejecución o la tortura como las sillas eléctricas o sistemas de inyección automática de medicamentos, incluido en Internet, exhibiciones y ferias, también han sido prohibidas, al igual que prestar servicios de corretaje y de asistencia técnica.
Los eurodiputados también han introducido en las normas, que ya han sido pactadas con los Gobiernos europeos aunque todavía falta el visto bueno formal de los Veintiocho, una cláusula de revisión para revisar la aplicación de las normas antes de agosto de 2020 y determinar si hay que incluir las acciones de los ciudadanos europeos en el extranjero y la creación de un grupo de coordinación antitortura para vigilar el cumplimiento de las normas.
«Proscribir la pena de muerte y la tortura son objetivos clave de las políticas comercial y exterior de la UE y, por ello, es fundamental que las compañías europeas no contribuyan a estas prácticas», ha defendido la eurodiputada liberal holandesa y responsable de la negociación de las normas en la Eurocámara, Marietje Schaake, que ha asegurado que «las nuevas normas son más fuertes y a la vez más flexibles para que la Unión pueda responder rápidamente si hay cambios o ante el desarrollo de nuevas tecnologías».
La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha recordado que la UE promueve la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y ha dicho que el visto bueno de la Eurocámara a las nuevas normas «subraya la importancia que otorga la Unión Europea al respeto de los derechos fundamentales».
«Nunca podemos aceptar recovecos que permiten el comercio o promoción instrumentos de muerte y tortura», ha agregado la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que ha dejado claro que los sistemas de inyección de medicamentos letales, las sillas eléctricas o los bastones con pinchos son «instrumentos terribles que no tienen lugar en nuestras sociedades».
«Además de prohibir la venta y exportación, ahora estamos prohibiendo la promoción de estos bienes en ferias y exhibiciones e introducimos un mecanismo rápido para garantizar que nuevos productos de este tipo se puedan prohibir rápidamente», ha explicado la comisaria.