La Eurocámara, en una resolución aprobada a mano alzada, ha reclamado la liberación de estos presos y ha instado a Teherán a que respete los Derechos Humanos de todos los encarcelados, en particular a lo que se refiere al acceso a un abogado y asistencia médica en caso de que sea necesario. También ha exigido acabar con el uso de la tortura y cualquier práctica inhumana.
El texto recoge un llamamiento a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para que creen un grupo de trabajo interno de apoyo a los ciudadanos de la UE que se enfrentan a sentencias de muerte o juicios injustos.
El Parlamento Europeo también ha pedido a las autoridades iraníes que cooperen con las embajadas de la UE en Teherán para elaborar una lista de los ciudadanos con doble nacional que se encuentren en prisiones del país para poder seguir sus casos de cerca.
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN ARABIA SAUDÍ Y SUDÁN
Los eurodiputados también han aprobado este jueves otra resolución para pedir a Arabia Saudí que respete los Derechos Humanos de los activistas, tras la detención de siete mujeres y cuatro hombres. En particular, ponen el foco en el trato infligido a las mujeres.
La resolución, aprobada por 525 votos a favor, 29 en contra y 71 abstenciones, pide al país acabar con la violencia de género, acabar con los obstáculos al acceso de las mujeres a la Justicia y proteger sus derechos. La Eurocámara ha instado a las autoridades a acabar con el matrimonio infantil, el matrimonio forzoso y el código de vestimenta de las mujeres.
También Sudán ha estado en el foco de las votaciones del pleno para pedir la liberación de Noura Houssein Hammad, condenada a muerte por matar a su marido, con quien se casó obligada, mientras la violaba.
En la resolución, aprobada por 455 votos a favor, 34 en contra y 140 abstenciones, los eurodiputados han exigido frenar todo tipo de acoso e intimidación a su familia y a su abogado y han pedido a Sudan que cumpla con las normas internacionales de Derechos Humanos y, en concreto, de las mujeres.
El texto recuerda que la imposición de una sentencia de muerte ante la «evidencia clara» de autodefensa constituye un «asesinato arbitrario».