«Todas las transacciones para provisionar fondos, financiar o cualquier otra relación por parte de una persona de Estados Unidos o que esté en Estados Unidos queda prohibida», señala la orden.
En concreto, prohíbe «la compra de deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar», así como cualquier transacción relacionada con deuda que se le deba al Gobierno de Venezuela, incluida PDVSA, que sea otorgada como garantía a partir de hoy, incluyendo facturas.
Además, veta «la venta, transferencia, asignación o adjudicación como garantía con el Gobierno de Venezuela de cualquier interés accionarial en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación de al menos el 50 por ciento».
En la práctica, esta orden dificulta las operaciones de PDVSA en el sistema financiero de Estados Unidos, ya que le impide la venta de cualquier activo.