La Casa Blanca ha detallado en su comunicado que «ciertas actividades, como la continuada transferencia de armas a Hezbolá por parte de Irán, entre ellas sistemas cada vez más sofisticados, sirven para minar la soberanía libanesa, contribuyen a la inestabilidad política y económica en la región, y siguen siendo una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».
Así, ha manifestado que «la emergencia nacional declarada el 1 de agosto de 2007, y las medidas adoptadas en esa fecha para hacer frente a esa emergencia, seguirán en efecto hasta el 1 de agosto de 2018».
La Presidencia estadounidense ha recalcado que las sanciones están dirigidas contra las acciones de «ciertas personas» que «minan el Gobierno legítimo y elegido democráticamente, contribuyen a la deliberada violación del Estado de Derecho (…), y reafirman el control de Siria o contribuyen a la interferencia de Siria en Líbano».
El Gobierno de Estados Unidos anunció en mayo sanciones contra la cúpula de Hezbolá, así como contra dos personas y cinco empresas por sus presuntos lazos con el partido-milicia.
En la lista están el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, y su ‘número dos’, Naim Qassem, tal y como desveló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
«Bajo los dictados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní-Fuerza Quds, el secretario general del Consejo de la Shura, Hasán Nasralá, prolonga el sufrimiento humano en Siria, alimenta la violencia en Irak y Yemen, pone al Estado y al pueblo libanés en peligro y desestabiliza toda la región», remachó.