La JEP ha anunciado en un comunicado que ha resuelto «aplicar la garantía de no extradición a favor de Seuxis Paucias Hernández» argumentando que «no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización.
«Para la Sección de Revisión (de la JEP), el juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, y el goce de los derechos del solicitante de la garantía de no extradición, en cuando a su seguridad jurídica, y también los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición», ha dicho.
Asimismo, la Sección de Revisión de la JEP ha ordenado al fiscal general colombiano que «disponga la libertad inmediata de Hernández Solarte», antes de recalcar que el exguerrillero debe «seguir a disposición de la JEP conforma al régimen de condicionalidad que les exige a todos los comparecientes».
«La sección señaló que una vez esté ejutoriada la decisión adoptada hoy se remitirá el expediente de Hernández Solarte a la Sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, para lo de sus respectivas competencias», ha agregado.
En respuesta, Martínez ha denunciado a través de un comunicado que «progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación».
«En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional», ha criticado, antes de denunciar que «en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas».
«DESAFÍO AL ORDEN JURÍDICO»
«Las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición». ¡¡¡Todo esto en nombre de la paz!!!», ha lamentado.
Asimismo, Martínez ha dicho que la decisión de la JEP «desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía, hace trizas la cooperación judicial internacional, desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia, confronta abiertamente la Constitución (…) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia».
«Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación», ha dicho.
Por último, ha hecho un llamamiento a la población «a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto».
EL CASO DE ‘JESÚS SANTRICH’
‘Jesús Santrich’ fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia debido a que sobre él pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde ese momento puso en marcha la huelga de hambre.
El exguerrillero, que formó parte de los diálogos de paz en La Habana, está acusado de haber participado en un acuerdo para transportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de unos 15 millones de dólares.
Tanto él como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político surgido de la guerrilla, afirman que es víctima de un montaje conjunto entre Martínez y el Gobierno estadounidense para llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales norteamericanos.
Sin embargo, y como parte del Acuerdo de Paz, ‘Jesús Santrich’ no está sujeto a la justicia ordinaria, sino a la justicia transicional de la JEP, cuya Sección de Revisión decidió el pasado 23 de octubre que tiene potestad amplia para «evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado».