Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, los militares han sido detenidos en operaciones llevadas a cabo en 36 de las provincias del país.
El anuncio ha llegado horas después de que saliera a la luz el arresto del coronel Kadir Atakan –un alto mando del centro de formación militar al que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, encargó que expulsara de las Fuerzas Armadas turcas a los militares vinculados al fallido golpe– por su supuesta vinculación con la asonada castrense, según ha informado el diario local ‘Cumhuriyet’.
Las autoridades han formalizado el arresto del coronel Kadir Atakan, directivo de la Universidad Nacional de Defensa, tras haberlo detenido hace unas dos semanas, según este rotativo. El coronel era el director encargado de las cuestiones organizativas en el centro castrense, que todavía no está plenamente operativo.
Erdogan ordenó la creación de la universidad después del fallido golpe de Estado de julio de 2016, protagonizado por un grupo de militares rebeldes armados con carros de combate y con aviones de guerra. El nuevo centro castrense fue creado para sustituir a las anteriores academias militares, cerradas por decreto tras la asonada.
El Gobierno turco culpa a Gulen, quien reside en Estados Unidos, de estar detrás de la asonada. Gulen, que vive en el país norteamericano en un exilio autoimpuesto desde 1999, ha negado estar vinculado con la intentona, que acabó con la vida de unas 240 personas.
Erdogan y Gulen eran aliados políticos hasta que la Policía y la Fiscalía, supuestos simpatizantes del clérigo, según el Gobierno turco, abrieron una investigación sobre corrupción en 2013 contra varios altos cargos del Ejecutivo.
Entonces, el mandatario turco acusó al clérigo de conspirar y erigir un Estado paralelo para derrocar al Gobierno con ayuda de la Policía y medios simpatizantes.
Desde el golpe, Turquía ha detenido a unas 160.000 y ha cesado casi al mismo número de funcionarios civiles, según estimaciones de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De esa cifra total, más de 50.000 personas han sido imputadas y han continuado en prisión durante sus procesos.
El alcance de la persecución de las personas vinculadas con la asonada ha alarmado a las organizaciones de Derechos Humanos y a aliados occidentales de Turquía, que han acusado a Erdogan de haber puesto en marcha una purga para acabar con todos los críticos con su gestión.