En un comunicado, ACNUR ha denunciado que los ataques registrados durante los últimos tres meses han causado el temor generalizado y desplazamiento de la población congoleña.
Ha asegurado que, según algunos informes, al menos 256 personas, entre ellas niños, han sido asesinadas desde octubre en ataques con machetes y hachas. Al menos 52 personas murieron entre el 7 y el 8 de diciembre en aldeas cercanas a Oicha, en el en el oeste del Beni, como Ahili, Manzanzaba y Mulobya Kuisikivi.
El 14 de diciembre, otras 19 personas fueron asesinadas en la zona y la violencia se extendió hacia el norte en la provincia Oriental, donde siete personas murieron y las aldeas de Iziro, Mapasana y Meliota, fueron incendiadas durante la noche del 16 al 17 de diciembre.
ACUNR ha registrado cerca de 88.000 desplazados en el interior del país que viven en escuelas, iglesias o con familias de acogida. Además, las amenazas de nuevos ataques están provocando nuevos desplazamientos hacia las principales ciudades, como Luna, Eringeti, Oicha, Mbau, Mavivi y Beni.
Los desplazados apenas tienen protección, no han recibido casi ninguna asistencia humanitaria y necesitan albergue, material de primera necesidad y acceso a servicios de salud y escuelas. Muchos de los pueblos a los que la gente ha huido no cuentan con agua potable y los proyectos de ayuda se han suspendido debido a la débil situación de seguridad.
La agencia ha solicitado acceso seguro a estas áreas para establecer una presencia humanitaria y poder ayudar a la población traumatizada. Ha denunciado que hasta el momento, ha sido muy difícil llegar a Beni y a los alrededores y el Ejército congoleño restringe los movimientos en estas zonas.
ACNUR ha pedido al Gobierno de República Democrática del Congo que proteja a la población civil y permita a las organizaciones humanitarias acceder a las zonas afectadas, además de pedir a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en el país (MONUSCO) que aumente su presencia para proteger a los civiles.