El equipo de gobierno sostiene que no ha mantenido «ningún tipo de colaboración ni relación con la empresa investigada, la consultoría EFIAL, cuya trayectoria es completamente ajena y distante a la gestión municipal».
Por otra parte, han querido clarificar que «el Ayuntamiento de Alaior no tiene ninguna entidad pública empresarial en el municipio», circunstancia que centra el foco de investigación de esta presunta red.
Asimismo, han defendido que «en el año 2011 el Grupo Popular asumió el gobierno municipal y con ello tuvo que hacer frente a la deuda contraída en anteriores mandatos, por un importe que se acercaba a los 17 millones de euros».
Entre las medidas aplicadas para afrontar la «penosa situación económica», el consistorio renegoció la deuda con los bancos, hizo un plan de pago a proveedores y, además, llevó a concurso algunas contratas y servicios tratando de mejorar las condiciones en que se prestaban, tanto en eficiencia como en lo económico.
Entre estos, ha explicado, llevó a licitación el servicio de recaudación por concurso abierto y público, con «notable ventaja económica sobre el anterior prestatario». Obtuvo el servicio la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI).
Por lo que respecta al Ayuntamiento de Alaior, el servicio que presta CGI se limita a la gestión, inspección y recaudación de facturas e impuestos y «nada tiene que ver ni con consultarías, asesoramiento ni contrataciones, que centran el foco de la investigación que se está desplegando, fundamentalmente en Cataluña», han defendido.