La Granja Penal de Comayagua, en la que el martes murieron en un incendio más de 350 presos, considerada en su momento una cárcel modelo en la que los reos cultivaban la tierra y criaban cerdos y gallinas, pasó a convertirse en una trampa mortal.
Con esa filosofía comenzó esa cárcel hace más de 30 años en la colonial ciudad de Comayagua, 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La prisión tuvo después talleres con diversas manualidades, lo que contribuyó a la rehabilitación de muchos reclusos.
La granja era la envidia de los demás centros penitenciarios de Honduras, que hace tres décadas tenían una población manejable para los pocos guardias que siempre han tenido las prisiones.
Entonces no existían las temibles «maras» (pandillas), el narcotráfico no se había esparcido por el país, ni la mayoría de los hondureños sabían de lo sanguinario que es el crimen organizado.
Ahora, las 24 cárceles de Honduras son sitios altamente peligrosos, verdaderas trampas mortales, por el hacinamiento, la inseguridad, lo deteriorado de sus estructuras -algunas fueron construidas hace casi un siglo-, la lentitud de la justicia y la corrupción de quienes las administran, entre otros problemas.
La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos, recordó hoy a Efe un proyecto social que ella impulsó a mediados de la década pasada en la Granja Penal de Comayagua auspiciado por las Naciones Unidas y la cooperación de Suecia.
Ese proyecto estaba orientado a 140 jóvenes pandilleros deseosos de reintegrarse a la sociedad, y gracias a él algunos de ellos incluso decidieron borrarse los tatuajes que cubrían sus cuerpos.
Para entonces, la Granja Penal de Comayagua, en la que algunos reos seguían produciendo alimentos solamente para vender en el mercado local y bajo control de las autoridades, ya estaba saturada, y según denuncias de los presos, familiares y organismos humanitarios, la corrupción había salpicado a la dirección del centro.
Castellanos indicó que el programa de rehabilitación de los pandilleros se tuvo que suspender porque la administración de la cárcel estaba en manos de la Policía, con lo que se perdió el control de los recursos que generaban los jóvenes.
Sobre la tragedia del incendio en la cárcel de Comayagua, cuyas causas aún no han sido esclarecidas y que ha causado 356 muertos, Castellanos dijo que el ambiente en la prisión se empezó a deteriorar cuando comenzaron a ser remitidos pandilleros violentos desde la granja penal de El Porvenir, en el caribeño departamento de Atlántida.
En esa granja, el 5 de abril de 2003, se registró una riña entre pandilleros y reos comunes en la que murieron 66 reclusos y tres mujeres, incluida una niña, que estaban visitando a familiares.
En mayo de 2004, ardió en llamas el presidio de San Pedro Sula, en el norte del país, lo que dejó un saldo de 107 reos muertos.
Una ley «antimaras» creada en la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) también contribuyó al aumento de la población penitenciaria en varias cárceles.
Al respecto, Castellanos señaló que «se legisló contra las pandillas, pero no se crearon estructuras para no contaminar más las ya existentes», que en su mayoría, desde hace muchos años, dejaron de ser centros de rehabilitación.
Conmovida por la tragedia de la Gran Penal de Comayagua, Castellanos lamentó que ese tipo de desgracias «siguen siendo previsibles» en Honduras.