La agencia de calificación crediticia Moody»s advierte de que el desgaste del consenso político en Grecia en torno a las reformas provocado por el cierre mediante un decreto especial de la televisión pública ERT y la dificultad de cumplir con sus objetivos de privatización son «negativos» para el rating de la deuda pública helena.
En un comunicado, Moody»s señala que la decisión de cerrar la televisión pública y despedir a alrededor de 2.700 trabajadores para cumplir con la reducción del empleo público acordada con la »troika» –la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– «amenaza el consejo político en torno a los esfuerzos de consolidación fiscal del país».
En este sentido, incide en que esta decisión ha provocado un «gran revuelo» entre los socios minoritarios del partido del Gobierno, el Pasok y el Dimar, que se han negado a apoyar la medida en el Parlamento.
Moody»s advierte de que sin un compromiso entre los miembros de la coalición aumenta el riesgo de nuevas elecciones en Grecia, lo que sería negativo para el rating. «Aunque unas elecciones anticipadas no es nuestro principal escenario, un entorno político extremadamente polémico sigue presentado riesgos a la baja en la implementación con éxito del programa de ajuste estructural de Grecia y su recuperación económica», remarca.
Además, añade que el impacto de esta medida es «incierto», ya que el Gobierno tiene previsto abrir una nueva televisión pública más pequeña en septiembre, mes en el que el Gobierno debería haber llevado a cabo la mitad de la reducción de empleados públicos acordada con la »troika».
Por otro lado, la agencia avisa de que tampoco es positivo para la calificación del país los problemas que están rodeando al programa de privatización presentado por el Gobierno griego, después de que no se haya presentado ninguna oferta por la compañía pública de gas DEPA. «El incumplimiento de los objetivos del programa de privatización subraya los riesgos de implementación, que son negativos para el rating soberano», agrega.
En concreto, apunta que si no logra privatizar la compañía gasista u otras empresas públicas, el Gobierno tendrá problemas para lograr los 2.500 millones de euros que preveía con las privatizaciones y crearía una brecha de financiación de alrededor de 1.500 millones de euros que debería compensar con medidas fiscales adicionales.
«Sin embargo, el frágil contexto político y la contracción económica hacen difíciles nuevos recortes del gasto y amenazan el objetivo de un presupuesto primario equilibrado este año», subraya Moody»s, que apunta que el Gobierno ya está renegociando los objetivos de privatización con la »troika».