El informe, que se debatirá y votará en la comisión de investigación y al que ha tenido acceso Europa Press, señala al sector financiero, a los supervisores y a los reguladores, y desmiente que «la influencia política» en las cajas de ahorros sea una «causa explicativa» de un mayor impacto de la crisis en estas.
Al contrario, subraya que algunas cajas presentaron «indicadores significativamente mejores que el promedio de los bancos» con «órganos de gobierno y relaciones entre propiedad y control singulares» y apunta a la capacidad de los bancos para compensar en el exterior las pérdidas registradas en España.
El informe, sobre el que la comisión viene trabajando desde la última semana, es fruto del trabajo de los letrados de la Cámara y de la presidenta de la comisión, la canaria Ana Oramas, que han buscado sintetizar en un relato la investigación llevada a cabo durante más de año y medio, con citas de los comparecientes y datos, a partir de los documentos presentados por cada uno de los grupos.
FALTÓ «VOLUNTAD POLÍTICA»
Según han comentado diferentes fuentes de la comisión, el informe se aprobará por unanimidad, aunque a partir de ahí tendrán que votarse las conclusiones y propuestas de cada uno de los grupos, donde las discrepancias llevarán a la defensa de votos particulares. Por el momento, Unidos Podemos y Ciudadanos ya han avanzado que presentarán los suyos.
Así, la comisión ha trabajado sobre un texto que considera que «había herramientas disponibles» para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas «no se usaron por falta de voluntad política».
Incluso apunta a que la no aplicación de estas medidas pudo responder a que «no contaban a priori con el beneplácito del regulador europeo». «Es decir, la no aplicación de medidas tenía más que ver con la voluntad política que con la imposibilidad técnica», afirma la comisión.
«MARCO PROPICIO» PARA UNA BURBUJA INMOBILIARIA
Además de supervisores y sector financiero, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, mencionando a ambos en la aprobación de diferentes leyes. Así, señala al segundo en la aprobación de la Ley del Suelo –«favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible– y al segundo en la regulación de fondos de tiulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
«El sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo», reza este documento, que alude, para desmentirla, una de las frases más recurridas durante estos años.
«La crisis no surgió porque los ciudadanos vivieran ‘por encima de sus posibilidades’, sino que fueron las entidades financieras las que prestaron muy por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades», subraya el informe.