El aceite de oliva es uno de nuestros tesoros más preciados. Cuenta la historia que fueron los fenicios en el siglo XI a.C los que descubrieron a los entonces pobladores de la Península Ibérica, todos los secretos del oro líquido. Pronto su consumo se extendió siendo la provincia de Bética, actual Andalucía, la mayor productora de tal valioso producto.
Casi 3000 años después, 2,5 millones de hectáreas de olivares distribuidos en 34 provincias y 32 Denominaciones de Origen Protegidas, DOP, además de ser responsables del 40% de la producción de aceite de oliva mundial; nos avalan como expertos oleícolas. No es de extrañar por tanto, que el empelo generado por el sector resulte un porcentaje significativo dentro las tasas de población activa. Sólo en la provincia de Jaén, una campaña media puede llegar a generar 9 millones de jornales.
Todas estas grandes cifras que con orgullo representan la mejor imagen de la dichosa «Marca España«, son garantidas gracias a las leyes que protegen en todos sus niveles al sector oleícola. Unas reglas establecidas para que la producción de aceite de oliva sea un juego limpio donde no sólo ganen unos pocos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una de las partes decide jugar con sus propias normas?
Las empresas distribuidoras y la guerra de precios
En enero de 2015, UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, interpuso una demanda contra El Corte Inglés, Carrefour, DÍA y Supercor ante la Agencia estatal de Información y Control Alimentarios (AICA) tras considerar que dichas empresas distribuidoras estaban incumpliendo la Ley de comercio minorista, vendiendo el litro de aceite a un precio ridículo: por debajo de 2,20€.
«La Ley de la cadena alimentaria prohíbe las ofertas abusivas y el uso de productos reclamo por ser prácticas que perjudican a los productores, al hundir el precio de los alimentos y suponer un engaño a los consumidores, pues las empresas recuperan el margen perdido mediante la venta de otros productos», explican desde UPA».
Un año y medio después, los tribunales han dado la razón a la organización imponiendo multas al Corte Inglés y Carrefour por ventas con pérdidas de aceite de oliva. Sin embargo, aunque sin lugar a dudas la resolución supone una triunfo, queda un largo camino para ganar la batalla.
En manos de las Comunidades Autónomas
El artículo 14 de la LORCOMIN, Ordenación del Comercio Minorista, establece que la venta con pérdidas se produce cuando el precio de venta es inferior al de adquisición. Por tanto, vender el litro de aceite a un precio inferior al que se ha comprado supone un delito de competencia desleal.
No obstante, no es la Administración Central la encargada de sancionar dichas prácticas sino las Comunidades Autónomas. Y aquí es donde aparece la principal incongruencia y obstáculo ya que aunque existe un marco general, la última palabra está en boca de los gobiernos regionales, responsables de vigilar que efectivamente la ley se cumpla. «Por ello existe mucha descoordinación y a pesar de que las ofertas suelen ser nacionales, unas Comunidades Autónomas sancionan y otras no», afirman desde UPA.
Hasta el momento, únicamente la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y la Junta de Extremadura han sancionado a gigantes distribuidores como El Corte Inglés o Carrefour. En el caso de la empresa dirigida por Dimas Gimeno, han sido dos comunidades. El gobierno de Madrid con una multa de 3.005,70€ al considerar los hechos como una infracción grave; y anteriormente la administración murciana. Por su parte, la Junta de Extremadura ha sido la encargada de multar a Carrefour con 42.120€ tras una denuncia interpuesta por UPA en 2014.
«Estas grandes empresas están inmersas en una guerra de márgenes comerciales y por la atracción del consumidor que les lleva a hacer ofertas abusivas de este tipo que destruyen el valor de los productos en toda la cadena», aclara Diego Juste, jefe de prensa de UPA».
Ocho años de infracciones
Infelizmente, este incumplimiento de la LORCOMIN por parte de los comercios no es una práctica nueva. Comenzó a ser evidente en 2008. Por este motivo, UPA impulsó la campaña Precios Justos para Nuestros Productos que recientemente ha sido relanzada debido a las drástica situación. No obstante, desde UPA reconocen que a pesar de que las sanciones han aumentado en los últimos 3 años, continúan siendo anecdóticas.
Por ello, los agricultores claman que si verdaderamente la venta con pérdidas es ilegal en todo el territorio español, ¿por qué no es sancionado de forma unánime?
Asimismo consideran que la lentitud en la resolución de las sentencias así como la irrisoria cantidad a la que ascienden las multas impuestas, no ayudan a que las empresas cesen su batalla de precios a toda costa.
«UPA ha reclamado un cambio en la Ley de Comercio minorista para que las denuncias se resuelvan más rápido y se traduzcan en sanciones “más fuertes y disuasorias”. Si no, afirman, a la gran distribución le seguirá compensando llevar a cabo estas prácticas, al ser mucho mayores los beneficios que obtienen con ellas».
El comunicado de DIA enerva a los agricultores
A comienzos de semana, Supermercados DÍA anunciaba en un comunicado oficial las cifras de venta y recaudación de aceite de oliva: 8 millones de litros de aceite que se traducen en unas ganancias de 17,52 millones de euros. En un año los supermercados han multiplicado por 8 las ventas, liquidando el litro de aceite de oliva virgen a 2,19€.
Los agricultores no han tardado en dar respuesta al mensaje de DIA considerando que:
«El comportamiento de esta multinacional demuestra prepotencia, ignorancia y mala fe, ya que vender el aceite por debajo de lo que cuesta producirlo, cierra explotaciones, causa la ruina de los olivareros y, a la larga, provocará que en España no queden agricultores y se les acabe el chollo del que se están aprovechando hoy en día».
Además los supermercados ya habían sido denunciados por UPA con anterioridad por la venta con pérdidas no sólo de aceite sino también de leche. Sin embargo, aún no ha sido dictada una resolución de los tribunales regionales. Es por este motivo que el comunicado supone una ofensa y falta de respeto hacia los agricultores y demás partes integrantes del proceso de producción y elaboración de nuestro preciado oro líquido.
Por otro lado, en las políticas de estas grandes superficies puede leerse que apoyan a los productores locales. Hecho que causa aún más indignación ya que las ventas con pérdidas únicamente perjudican.
«La interlocución realmente no existe porque la indignación por nuestra parte y la manipulación por la suya, son máximas», confiesa Diego Juste en nombre de UPA».
La venta con pérdidas supone por tanto un conflicto para el sector oleícola en el que los únicos beneficiados son las grandes empresas distribuidoras que a costa de mal vender el producto, llenan su bolsillos. Además estos supermercados niegan una respuesta a las agricultores que únicamente exigen el cumplimiento de las leyes vigentes.
Si existen unas reglas no es más que para el buen funcionamiento y preservación de un sector milenario intrínseco a nuestra cultura, y por ello, el incumplimiento de éstas merece un castigo acorde.