En diciembre del año pasado, el Gobierno aprobó la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece una serie de obligaciones para los miembros del Gobierno, algos cargos de la administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Una norma que obliga, por ejemplo, a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y que contempla además que los ciudadanos puedan consultar a través de una web las subvenciones, los contratos y los sueldos o los informes de fiscalización, además de solicitar más información que consideren de interés a través de un “Portal de la Transparencia”, que hasta el momento no ha entrado en vigor y cuyo presupuesto es de 1»7 millones de euros. La ley contempla un plazo máximo de un año para su puesta en marcha definitiva.
El recorrido de esta ley no estuvo exento de polémicas y rectificaciones por parte del Ejecutivo. De hecho, los partidos políticos quedaban inicialmente excluidos, pero la presión por los casos de corrupción, sobre todo por el caso Bárcenas, llevaron al Gobierno a someterlos a las mismas obligaciones. El proyecto de ley salió adelante con los votos del PP, Ciu, PNV y Coalición Canaria. PP, Izquierda Plural y grupo mixto reprocharon al Ejecutivo la “opacidad” del proceso.
Aunque pendiente aún de su puesta en marcha y de las primeras evaluaciones, la aprobación vino a ser un primer paso para corregir el importante retraso que llevaba nuestro país en cuanto a transparencia.
Según Global Right to Information Rating, 95 países de todo el mundo contaban con una legislación de este tipo, sin que la tuviese España. De hecho, en Europa, sólo nosotros, junto con Chipre, Malta y Luxemburgo, carecíamos de un marco legal que regulase el derecho de los ciudadanos a acceder a información de interés. La más antigua, la sueca, data de 1766. Otros países, como Uganda o Etiopía, cuentan con leyes exhaustivas como herramienta para combatir la corrupción en sus administraciones
A mediados de febrero, la Comisión Europea exigió a España una mayor vigilancia de la información económica facilitada por los partidos, especialmente la relativa a la financiación, con el fin de evitar irregularidades. En un informe sobre la corrupción en España, Bruselas insistía en la urgencia de que los partidos publicasen “online” su cuenta de resultados, incluidos los préstamos.
Sin una legislación armonizada
A pesar de que la preocupación por la corrupción es asunto generalizado, en lo que a transparencia se refiere, no existe un patrón armonizado y cada país muestra distintas formas de entender la rendición de cuentas ante sus ciudadanos.
De entre los países de nuestro entorno, Alemania tiene una de las legislaciones más estrictas, que obliga a los partidos a publicar su patrimonio, el origen y el destino de sus recursos económicos. Además, las donaciones que superen los 50.000 euros deben ser comunicadas al presidente del Bundestag. En Reino Unido, por ejemplo, obligan a identificar de forma pública al que done una cifra superior a las 7.500 libras.
En EEUU, una polémica ley de 2010 abrió el grifo a las donaciones ilimitadas y dio lugar a la proliferación de los Super PAC (comités de acción política), grupos encargados de recaudar ingentes cantidades de dinero para los candidatos a las elecciones y que escapan a las limitaciones que la Comisión Electoral Federal establece para los donantes individuales. Estos comités pueden aportar a las campañas de los candidatos cantidades ilimitadas con el único requisito de no coordinarse con las campañas oficiales, pero escapan a todo tipo de información pública ante los ciudadanos. Numerosos críticos han exigido una regulación más estricta de lo que ya se ha convertido en la principal vía de financiación de las campañas electorales de los partidos norteamericanos.