Los sindicatos cobraron supuestamente 7,6 millones de euros por trabajos de asesoramiento y recogida de datos a mediadoras en el caso de los ERE supuestamente fraudulentos en Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya. Así lo señala la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un informe, en el que apunta que «entidades vinculadas directamente» con los sindicatos facturaron esta cantidad entre los años 2000 y 2010 por los servicios prestados a las mediadoras.
La UCO dice que la cuantía posiblemente aumentará cuando se recopilen más datos fiscales y financieros. El informe de la Guardia Civil sobre la aseguradora Vitalia, al que ha tenido acceso Efe, señala que el dinero que cobraban los sindicatos UGT y CCOO se correspondía por labores de «asesoramiento, cálculos actuariales o recogida de datos», un trabajo que «debería haber tenido cobertura» mediante el trabajo de las propias mediadoras.
La Guardia Civil asegura que las sobrecomisiones que cobró Vitalia han causado hasta ahora a la hacienda pública andaluza «un verdadero perjuicio» cifrado en 21 millones de euros. Estas sobrecomisiones eran acordadas por el director general de Trabajo encarcelado Francisco Javier Guerrero y el director andaluz de Vitalia.
Pero ambos lo hacían, prosigue, «con el conocimiento y autorización de sus superiores jerárquicos», entre ellos el consejero de Empleo, que entonces era el imputado Antonio Fernández.
La Guardia Civil afirma que los imputados en esta nueva rama de los ERE falsos, centrada en el cobro de sobrecomisiones, llevaron a cabo una «destrucción masiva» de documentos al conocer la investigación en marcha.
El informe de la UCO, que forma parte del sumario cuyo secreto se ha levantado, profundiza en los «intrusos» -un centenar de imputados que nunca trabajaron en las empresas sometidas a un ERE– de los que dice que eran identificados como «especiales» y solo conocían su caso los máximos directivos de las mediadoras.
Estos beneficiarios recibían un «trato diferenciado» ya que, según explicó una testigo, «cuando alguna de esas personas especiales llamaba en relación con una incidencia, no había forma de localizar el expediente ni resolverlo, ya que no existía informáticamente y en papel estaba en otro sitio distinto a los normales».
Lanzas tenía un patrimonio «desproporcionado» con 16 casas
Otro informe de la UCO examina el patrimonio del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva. En ese documento se indica que cobró 303.588 euros en efectivo de procedencia desconocida, la mayor parte en cantidades de menos de 3.000 euros. El informe añade que recibió otros 97.851 euros de la sociedad Gestifesa, que lo contrató tras ser cesado en 2008 y también a su esposa.
Además, el exdirector de Empleo ingresó otros 23.769 euros en una cuenta propiedad de una hija menor de edad y su esposa compró pisos por valor de 265.974 euros, a pesar que en el periodo investigado (entre octubre de 1999 y la actualidad) ganó solo 59.169 euros por su trabajo.
La Guardia Civil concluye que la adquisición de pisos por parte del matrimonio «no podría haberse llevado a cabo sin el dinero que de manera ilícita percibía» el exdirector general.
Idénticas conclusiones alcanza la Guardia Civil sobre el exsindicalista Juan Lanzas, de quien dice que a partir del año 2000 «aumentó su patrimonio mediante la adquisición de once nuevas propiedades» a su nombre, cuatro a nombre de su empresa Maginae Solutions y un apartamento en la playa para sus padres.
Lanzas adquirió un patrimonio «desproporcionado con los ingresos legalmente obtenidos» y solo en el periodo 2001-2012 tuvo abonos y adeudos en sus cuentas de 2.972.943 euros y su esposa de 2.837.458 euros.
La juez acuerda imputar en esta nueva fase de los ERE a otras cinco personas, tres de ellas directivos de Vitalia y las demás administradoras de las empresas presuntamente utilizadas para formar parte del mercado de las sobrecomisiones.