La sofocante crisis económica que vive España, fruto de duros recortes en los servicios sociales, ha colmado la paciencia de los ciudadanos. La mayoría de ellos considera que, si la situación no mejora, el ambiente se caldeará.
Un 91% cree que se producirán manifestaciones masivas con frecuencia, ocho de cada diez piensa que estas serán violentas y un 84% augura mayor inseguridad ciudadana, según un estudio de Metroscopia realizado para el diario ‘El Pais’.
Estos incidentes podrían focalizarse en los bancos (un 61% de los encuestados opina que sufrirán boicots) y los comercios, donde un 64% cree que aumentarán los asaltos. Con todo, la política de ajuste del Gobierno ya ha provocado multitudinarias protestas, entre ellas, la última y más polémica, el 25S.
Y aunque el presidente Mariano Rajoy minimizase su impacto, aludiendo a “una mayoría de españoles que no se manifiestan”, el sondeo de Metroscopia muestra que un 77% comparte los argumentos de la convocatoria. De ellos, un 27% no defiende la forma de protesta.
Otro punto muy criticado fue la actuación de las fuerzas de seguridad, que derivó en cargas policiales. Un 57% considera que fue excesiva, frente a un 32% que piensa que los agentes de la UIP actuaron de forma adecuada.
Respecto a la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular las manifestaciones porque bloquean las ciudades, la mitad de los encuestados opina que se autorizan las protestas necesarias. Un 22% cree que hay demasiadas, pero un número igual parece que son insuficientes.
La Constitución necesita una reforma profunda
Uno de los datos más llamativos de la encuesta es el relativo a la necesidad de reformar la Constitución española de 1978. Un 49% cree que requiere de profundos retoques, frente a un 37% que lo creía en 2010. Desciende casi 14 puntos la opinión de aquellos que creen que solo necesita reformas parciales, hasta el 44%.
Frente a la organización del Estado, también existen cambios significativos. Se triplica desde 2003 (un 29%) el número de españoles que prefiere un estado centralizado, sin autonomías; mientras que el apoyo al modelo autonómico actual cae a la mitad. Si hace una década, un 51% lo consideraba el idóneo, hoy se reduce a un 26%.