De boca de muchos socialistas, España se encuentra en un «Estado autonómico superado» y proponen »federalizar» el país. Según explican, la diferencia entre su propuesta y el modelo actual es la interlocución entre territorios: de un modelo bilateral (todos los acuerdos entre regiones debe pasar primero por el Estado) a uno multilateral (donde los gobiernos autonómicos puedan tener una mayor capacidad de acción conjunta y colaborativa sin tener que pasar obligatoriamente primero por competencias estatales).
La Comisión que intentará lo imposible
Por primera vez, hoy arrancaba la Comisión Parlamentaria, impulsada por Pedro Sánchez tras el estallido de la crisis catalana y pactada con Rajoy a cambio del apoyo en la aplicación del artículo 155. Una comisión que podría desembocar en una reforma constitucional, aunque las ambiciones de los grandes partidos, los únicos con mayorías suficientes para hacer viables estos cambios, son bien distintas:
- El PP quiere modificar el modelo de financiación autonómica. Cierra la puerta a una reforma constitucional porque la diferencia de criterios entre los partidos podría crear, según dicen, un clima de incertidumbre.
- En el PSOE pesiguen su gran sueño: »federalizar España.
- Podemos, en el caso de que se sume a la comisión, querría un modelo territorial similar al socialista, pero también blindar derechos individuales como el de la vivienda, un sustento económico digno y volver a cambiar el artículo 135 que prioriza el pago de la deuda pública.
- Ciudadanos tiene en mente algo similar al PP, pero »adelgazando» además los cargos en instituciones territoriales como las diputaciones provinciales y el Senado
Los »padres» de la Constitución dan portazo a la reforma
La reforma agravada de la política y el territorio jamás se materializará en España. Se necesitan grandes mayorías para poder tan solo activar los mecanismos constitucionales, además de un referéndum y unas nuevas elecciones, situaciones por las que, al menos parece, no están dispuestos a pasar los partidos políticos con representación parlamentaria.
Además de las dificultades que recoge el Derecho Constitucional, el camino hacia un hipotético Estado Federal ha encontrado una oposición simbólica e influyente: los considerados como padres de la Constitución Española de 1978 que aún están vivos: Miquel Roca (CDC), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (UCD). Los tres han mostrado su rechazo a una reforma constitucional, ofreciendo propuestas como la de reinterpretar ciertos artículos y legislar para definir competencias a través de leyes y no de la Carta Magna. Aun así creen que el federalismo no sería la solución porque crearía conflictos entre regiones, además de aumentar el gasto público.
Soluciones alternativas para la reforma
Para poder reformar el Estado de las Autonomías, se necesita, en primer lugar, una mayoría de 2/3 en el Congreso y el Senado. En la Cámara Baja significaría el apoyo de 234 diputados, una mayoría casi inalcanzable pero posible; pero en la Cámara Alta significaría el apoyo de 178 senadores de 266, lo que imposibilita cualquier reforma sin que el Partido Popular le dé el visto bueno ya que dispone de 149 asientos, mayoría absoluta. La única vía alternativa para poder hacer la reforma es la fusión de candidaturas política en las próximas Elecciones Generales.
El Senado, cuyo papel más importante como legislativo es representar a las Comunidades Autónomas y tomar decisiones en consecuencia (como la aprobación del artículo 155 de la Constitución dispone de 266 asientos, 58 son por designación autonómica y 208 por Elecciones Generales. En el caso de que exista una mayoría de fuerzas políticas con ambiciones de una reforma territorial, su única vía dada la ley electoral de la cámara es negociar puntos comunes y presentar candidaturas conjuntas, algo que ya se ha hecho en más de una ocasión con otra serie de motivos, como por ejemplo Izquierda Unida y PSOE en 27 provincias españolas en el año 2000.