Según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública un total de 3.845 empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentran en situación de aislamiento por el COVID-19, un 38% menos que hace quince días cuando la cifra de aislados alcanzó los 6.165. Por otro lado, 110.330 empleadas y empleados públicos (61,5%) trabajan en la actualidad en modalidades no presenciales y 50.312 (28%) de forma presencial.
En la actualidad, trabajan de forma presencial en la AGE durante el estado de alarma el personal de los servicios esenciales, el resto lo hace a través de fórmulas de trabajo no presencial, que incluye teletrabajo, trabajo remoto, teléfono, etc.
Por otro lado, la actividad en la Administración General del Estado ha continuado prácticamente a un ritmo normal, como demuestran las cifras de reuniones celebradas. Desde el 10 de marzo se han desarrollado un total de 63.207 reuniones, todas ellas de forma telemática. Asimismo, los cursos celebrados por medios electrónicos son más del doble que los aplazados: 3.107 cursos telemáticos realizados frente a 1.545 aplazados.
Según explican desde Moncloa «para preparar y afrontar la nueva normalidad, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, suscribió el 4 de mayo, un acuerdo con los representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y CIG, integrados en la Mesa General de Negociación en la AGE. Las medidas acordadas se recogen en la resolución del secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de ese mismo día, de aplicación en todos los ministerios y organismos públicos, siendo los objetivos prioritarios: protección de la salud de todos los empleados y empleadas públicos, priorizar el trabajo no presencial, atención al público preferentemente telemática y flexibilización horaria».