El Gobierno ha dado por buena la respuesta de la junta de Castilla y León al requerimiento oficial del Ejecutivo. En el escrito pedían explicaciones sobre su plan de atención a las embarazadas que pretendía disuadirlas de abortar. Sin embargo, desde el gobierno han advertido de que si intentan materializar estas medias actuarán.
“Gobierno considera que el Ejecutivo autonómico ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido esa comunidad autónoma de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto, aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones que, invadiendo las competencias estatales, incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres protegidos por nuestro ordenamiento jurídico”, sentencia un comunicado oficial de la Secretaría de Estado de Comunicación .
El Ejecutivo considera que la respuesta que han recibido por parte del Gobierno autonómico supone “una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero».
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños ha adelantado que enviará una carta para recordar «nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente».