La reforma educativa que elabora el Gobierno puede costar a las comunidades hasta 926 millones de euros al año, por el aumento de los alumnos y profesores en la Formación Profesional.
La ley que diseña el Ministerio de José Ignacio Wert se plantea reducir el abandono escolar, que se sitúa en el 30,6%, potenciando la Formación Profesional.
La nueva FP básica para alumnos de 15 años y el diseño de dos itinerarios de 4º de la ESO, uno para ciclos formativos y otro para Bachillerato, son medidas que se recogen en el texto legislativo para rebajar el promedio de adolescentes que abandonan los estudios. Con estas iniciativas, aumentará la cifra de alumnos y también habrá más profesores. En la memoria económica de la reforma se establece que estos costes “indirectos” los pagarán las comunidades.
El documento, que se discutirá con las autonomías el próximo 7 de febrero, calcula el coste indirecto de la norma en función del grado de reducción de la tasa de abandono escolar. El escenario más optimista, por el que la tasa bajaría hasta el 7,5% supondría para las regiones un desembolso de más de 926 millones de euros.
Un contexto más realista sería que el índice de abandono se redujera hasta el 15%, lo que supondría para las comunidades casi 334 millones de euros.
Si la tasa de fracaso se situara en el 22%, el coste indirecto rondaría los 50 millones anuales.
La FP es más cara que la ESO
La Formación Profesional básica es una opción más cara que la ESO; el coste por alumno se sitúa en los 4.386 euros, mientras que en la Secundaria el gasto oscila los 2.587 euros.
La entrada en vigor de la llamada Ley Wert, que tanta polémica genera, se va a retrasar como mínimo hasta el curso 2014-2015. El motivo parece ser económico. El Gobierno asumirá todo el coste directo de la norma, derivado de los cambios legislativos, que asciende a los 408 millones de euros en tres años.
La ley se ha encarecido mucho, hasta cinco veces más, por el coste de las reválidas y sobre todo por el diseño del nuevo FP básico –incluyendo nuevos profesores y más alumnos. Por ejemplo, el Ministerio calcula que implantar esta FP costará 52,8 millones de euros.
En cuanto a las pruebas externas de evaluación, por ejemplo, el examen de Primaria orientativo supondrá un desembolso de 1,4 millones de euros, y la reválida de la ESO, 2,3 millones.
«Es acertado que se potencie la FP»
José Miguel Campo Rizo, secretario general del Colegio Profesional de la Educación, considera acertado que se potencie la FP en la ley para combatir el abandono escolar. El refuerzo de la educación profesional implica un «coste mayor» porque requiere de más infraestructura, centros con materiales técnicos y aulas más reducidas. «Son enseñanzas más prácticas, en las que se necesitan más equipos (..) Pero hay que verlo como una inversión, y no un gasto. Con la Formación Profesional se devuelve a la sociedad lo que se invierte, y con más riqueza y preparación».
El experto está de acuerdo con este objetivo de la norma, pero advierte de que la ley debe tener los recursos suficientes para desarrollar la Formación Profesional.
Por el momento, la austeridad presupuestaria obliga a posponer la entrada en vigor. ¿Qué pasa si el retraso es tal que llega un Gobierno con un color distinto? Campo Rizo pide «una reforma con un consenso de mínimos» que se vaya desarrollando con negociaciones posteriores.
De la ley Wert, echa en falta la adaptación del plan de estudios y apoyo los alumnos que no pueden seguir el ritmo de la clase o que tienen problemas en el aprendizaje. Sobre el tema relacionado con el curriculo escolar, confía en que se vaya modificando en posteriores decretos, una vez que se acuerde la norma.
Escuelas preparadas para enseñar desde infantil hasta bachilerrato y FP
Pedro Santamaría, psicopedagogo y asesor Colegio Profesional de la Educación, piensa que la inversión va a asociada a dar salida a los jóvenes, a mejorar el rendimiento y a encontrar alternativas para el alumnado.
Al margen de cuándo se puede aplicar la norma, considera que se está en «un momento de cambio social» en el que los profesionales de la educación deben acostumbrarse a tener «una capacidad de autogobierno» y de asumir responsabilidades, con la conciencia de ser una «organización institucional» que trabajará por el rendimiento del alumno.
Santamaría apunta que ya existen centros en España con esa visión «longitudinal», de «trabajar con un hilo conductor, para «no generar cortes» en el proceso de aprendizaje del alumno.
En definitiva, escuelas con organizaciones en las que jefes de estudio, profesores y orientadores trabajan de forma coordinada y con la misma metología, preparadas para enseñar desde infantil hasta bachillerato y FP.