Los mayores de 26 años que no hayan cotizado o se hayan quedado sin prestación por desempleo deberán acreditar que no tienen recursos para costearse la sanidad. La reforma sanitaria aprobada este viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy incluye una disposición que obliga a los jóvenes de a partir de 26 a demostrar «que no superan el límite de ingresos determinado reglamentario». Aunque el decreto-ley, que ayer se publicó en el BOE, no especifica ese umbral, se presupone que el joven deberá certificar que no tiene los recursos para pagar la consulta del médico.
A priori, este colectivo de la población solo tiene derecho a la recibir asistencia en las urgencias, como los inmigrantes que no tengan permiso de residencia, que perderán la tarjeta sanitaria el 31 de agosto. Pero si el joven de 26 demuestra que no dispone de recursos podrá optar a la cartera de servicios del sistema de salud, es decir, las consultas de especialista o la cita para pruebas diagnósticas.
Con esta disposición de la reforma se vuelve al modelo que vincula el derecho a la sanidad gratuita a la cotización. Este relación se tumbó en una ley que aprobó el Gobierno de Zapatero en septiembre de 2011 y que entró en vigor el pasado 1 de enero, en la que se garantizaba la sanidad universal al extender la prestación a parados sin prestación y ciudadanos sin vida laboral.
Según los cálculos efectuados por el anterior Ejecutivo, en España existían cerca de 200.000 personas que permancían fuera de la sanidad pública,
porque nunca antes hubieran cotizado o porque habían agotado la prestación por desempleo. Esta norma también reconocía el derecho sanitario a arquitectos, abogados o médicos que tributan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad propia de su colectivo.Por tanto, el sistema sanitario gratuito no es universal. En el decreto-ley se deja claro quienes son los beneficiarios del seguro de sanidad: ser trabajador o afiliado a la Seguridad Social; pensionista, o personas que hayan agotado la prestación por desempleo (lo que implica que han tenido que cotizar antes).
La reforma también restringe la sanidad universal al colectivo de inmigrantes. A partir del 1 de septiembre, los extranjeros que no tengan permiso de residencia solo podrán acudir a las urgencias. No bastará con que estén censados. En esta situación se pueden ver inmersos inmigrantes residentes desde hace años que se hayan quedado en paro y que no se les haya renovado el permiso.