España tiene la ley hipotecaria más injusta y abusiva de Europa. La Unión Europea ha admitido incluso que la norma no protege al hipotecado y es injusta. La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, manifestó que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores.
La letrada considera que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Argumenta que se desprotege al deudor al permitir que pierda la propiedad y se vea en la calle antes de que pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios.
El tinte dramático que ha adquirido en España el problema de los desahucios ha puesto en evidencia que los códigos de buenas prácticas bancarias no bastan, y que se necesita cambiar una ley hipotecaria que los expertos tachan de decimonónica y cruel.
Han pasado siete meses desde que el Gobierno aprobó un Código de Buenas Prácticas que la banca asumió de manera masiva, y que tenía como objetivo evitar precisamente que las familias más desfavorecidas pierdan sus viviendas.
El código establecía medidas para que las familias con todos sus miembros en paro pudieran renegociar las condiciones de la hipoteca o, llegado el caso, dar su casa como dación en pago y permanecer en ella con un alquiler mínimo.
El resultado, no obstante, no ha sido el esperado, a la vista de los embargos que han ejecutado las entidades financieras, y que han provocado una gran movilización social, e incluso la protesta de los jueces y los funcionarios judiciales.
Los casos puntuales de suicidios de personas que iban a ser expulsadas de sus viviendas, el último el pasado viernes, ha hecho que la alarma social cobre niveles insospechados, y ha servido para meter una gran presión sobre la banca y los partidos políticos.
Como resultado, la patronal de los bancos y la de las cajas han anunciado una suspensión de los desahucios, de dos años en el caso de los primeros, y hasta que entre en vigor la nueva normativa, en el caso de los segundos.
El Gobierno se ha reunido con el PSOE para proponer las medidas necesarias para atenuar el drama de los desahucios.
El trabajo de los expertos pasará probablemente por abrazar la suspensión que ha adoptado la banca y por cambiar las leyes en vigor para que los jueces cuenten con las herramientas necesarias para proteger a las familias más vulnerables.
«Hay que modificar la actual ley hipotecaria, que es decimonónica«, apunta el socio director del despacho NAvas & Cusí, Juan Ignacio Navas. «Hay que transformarla para humanizarla, para que proteja más al ciudadano. Hay que dulcificarla, en consonancia con la legislación europea, evitando las condiciones abusivas que aplican las entidades financieras», explica.
Los jueces piden una reforma de ley para proteger al deudor
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha recalcado que los jueces están obligados a aplicar las leyes vigentes, aunque algunos están buscando vías para suavizar la norma. «Hay principios constitucionales, directivas comunitarias, principios de derecho contractual que en situaciones gravísimas de pérdida de vivienda se pueden arbitrar, y se está haciendo por parte de algunos jueces, que por ejemplo, ante un desahucio plantean una cuestión prejudicial» (ante una instancia superior, lo que alarga el proceso), ha dicho hoy Moliner, en unas jornadas en Bilbao.
Para el presidente de la asociación de usuarios bancarios ADICAE, Manuel Pardos, la moratoria en los desahucios «esta bien», sobre todo para los deudores «de buena fe», aunque no es suficiente. Hay que abordar cambios normativos, pese a que llevan más tiempo.
«La ley hipotecaria es leonina, del siglo XIX, cuando las hipotecas eran solo para millonarios y aristócratas», apunta, en declaraciones a EFE.
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE Juliane Kokott, ya puso el dedo en la llega el pasado jueves, en un controvertido dictamen emitido en el que se mostraba contraria a la norma española de desahucios.
La letrada considera que la ley española no protege contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que el consumidor pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios.
Este mismo argumento mantiene Remedios Garcia, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca/Stop Desahucios que dice: «La ley hipotecaria protege a los bancos, y no a los ciudadanos. Ahora lo dicen hasta los jueces. Ellos tienen las manos atadas y no pueden hacer nada por los ciudadanos».