La fiscalía anticorrupción ha pedido 15 años de prisión para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina por el caso de las mascarillas. El escrito atribuye a Luceño los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y un delito contra la Hacienda Pública. A Medina se le considera responsable de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.
“Fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto”, explica el escrito de la fiscalía anticorrupción haciendo referencia a el precio que pagó el ayuntamiento por cada una de las mascarillas.
Además, en las conclusiones, el fiscal Luís Rodríguez Sol señala que “la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación».
Ambos acusados deberán indemnizar a la Funeraria pública madrileña, que adelantó el dinero público, 7.852.580,21 euros entre los dos, a los que hay que sumar 1.351.386,29 que Luceño le debe a Hacienda.