El abogado de Rafael Zouhier, el responsable de facilitar a la célula del 11M los explosivos para los atentados, acusa al Gobierno de intentar hacer «un fraude de ley» con la orden de expulsión que prepara cuando el marroquí salga de prisión. Zouhier, casado con una española, será excarceladao este domingo, 16 de marzo.
«No ha tenido mal comportamiento en prisión, ni es un radical ni una amenaza para la seguridad. Todo es una falacia», dice el letrado Antonio Alberca, que teme que la deportación se acuerde ‘in extremis’ para no dar tiempo a la defensa de recurrir.
El Gobierno se agarra a una directiva europea que permite la deportación si se demuestra que la persona es una amenaza pública en la actualidad.
Se ha intercambiado cartas con terroristas
Antonio Alberca admite que Rafa se ha intercambiado cartas con terroristas, como Jamal Zougam, con «miembros de organizaciones de drogas», porque «son personas con las que convivió». Pero añade que también ha enviado misivas a las víctimas del terrorismo y en algunas pide perdón. «En estos diez años ha escrito como 200 cartas y sí se ha disculpado».
El letrado incide en que Zouhier «no fue condenado por hacer daño a las víctimas del 11M, sino por tráfico de explosivos». Recuerda que fue confidente de las fuerzas de seguridad y que una vez cumplida su condena, es libre y debe «respetarse su reinserción». Y añade: «No debe ni un duro a nadie».
Rafa se casó el pasado septiembre con la española Paloma Álvarez. «No contrajo matrimonio por conveniencia para evitar su expulsión», dice el abogado. «Se iría con mucho gusto a Marruecos, pero su esposa es de que aquí y por trabajo quiere quedarse en España. Cree que aquí la vida será más fácil”. Recuerda que la relación con su pareja era anterior a los atentados.
El abogado se muestra molesto por cómo se está promoviendo la expulsión: «A las víctimas no les compete pedir la expulsión».
Zouhier vive sus últimos días en la cárcel con «incertidumbre». Sobre su estancia entre rejas, su abogado concluye: «Ha estado en la cárcel más dura de España, no le han dado el segundo grado y todo esto responde a la venganza del Estado porque se puso en evidencia su negligencia».