La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados tumbó este miércoles, con los votos del PP, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a estudiar la conveniencia de que todos los vehículos nuevos o de segunda mano tengan limitadores de velocidad si no los incorporan de serie.
La iniciativa fue presentada por ERC, que pedía que el Gobierno modificara en el plazo de seis meses un real decreto para que los dispositivos de limitación de velocidad se extiendan a todos los vehículos motorizados después de que los pesados ya lo tengan regulado desde 1994.
Pero fue suavizada con una enmienda transaccional del PSOE, que solicitaba al Gobierno a estudiar esta posibilidad si ello fuera «posible técnicamente y viable económicamente», y que fue la votada por los diputados. El rechazo de los parlamentarios del PP bastó para tumbarla.
Teresa Jordà, de ERC, defendió la iniciativa destacando que la limitación que ya se hace en los vehículos pesados ha traído efectos “muy positivos” tanto en la mejora de la seguridad vial como en la protección del medio ambiente.
Jordá expuso que, según una encuesta del RACC en 2005, el 77% de los conductores estaba dispuesto a instalar un limitador de velocidad en sus coches y que Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente primero del Gobierno, aseguró que la limitación a 110 km/h en las autopistas y autovías españolas que se mantuvo durante casi cuatro meses en 2011 suponía un ahorro de 450 millones de euros.
Helena Castellano (PSOE) indicó que cumplir con los límites de velocidad podría evitar una cuarta parte de las muertes en accidentes de tráfico, por lo que “queda mucho trabajo por hacer en este sentido”, y Jordi Jané (CiU) consideró “necesario” el debate sobre los limitadores de velocidad.
Águera Fumero, del PP, aunque recalcó que la velocidad es una de las principales causas de siniestralidad vial, justificó el rechazo a la iniciativa y apostó por la prevención y la educación para que los conductores respeten los límites.