El Supremo ha condenado a 5 años y seis meses de cárcel al exalcalde de Jerez (Cádiz) Pedro Pacheco por causar un daño «demoledor» al prestigio de las instituciones al cometer falsedad documental, prevaricación y malversación, delitos por los que le impone un pena que supondrá su ingreso en prisión.
El pasado mes de junio el alto tribunal examinó los recursos que el político y la fiscal presentaron contra la condena a cuatro años y medio que le había impuesto la Audiencia de Cádiz. Ahora el alto tribunal ha resuelto aquellos recursos y ha acogido la tesis de la Fiscalía.
Así, el Supremo ha agravado la pena impuesta por la contratación irregular en 2005 de dos políticos del Partido Socialista de Andalucía, José López y Manuel Cobacho, en calidad de asesores de diferentes empresas municipales de Jerez de la Frontera.
Según la sentencia, los contratos se hicieron al margen de los acuerdos del pleno municipal, sin concurrencia ni publicidad y sin que fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Las penas de los dos políticos contratados resultan también agravadas, de modo que resultan castigados con dos años, seis meses y quince días de prisión, en el caso de Cobacho, y a dos años y diez meses en el caso de López, penas que también implican en principio su ingreso en prisión.
«El delito de prevaricación administrativa supone la infracción de un deber de actuar conforme al ordenamiento público que se impone a toda autoridad o funcionario público, por ello cuando se dicta una resolución prevaricadora se causa un daño demoledor en la ciudadanía pues se lesiona gravemente la confianza en las instituciones, lo que constituye la base del Estado de Derecho», dice el alto Tribunal en su sentencia.
«Nada perjudica más a las instituciones que ver a las autoridades o funcionarios que de guardianes de la legalidad se convierten en sus vulneradores por ejercicio arbitrario de su poder», añade.
En respuesta al recurso de Pacheco el Supremo responde con dureza al expresar que «causa sonrojo» la alegación de la defensa argumentando que creía actuar correctamente, cuando se trata de una persona con experiencia política y titulación universitaria que debía saber que al firmar las contrataciones actuaba de una manera fraudulenta.
A esta conducta los tres condenados, recuerda el Supremo, le dieron apariencia de legalidad en busca de su impunidad.
Aunque la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz fue firmada en mayo de 2013, Pedro Pacheco y el también condenado José López se mantuvieron como concejales en el Ayuntamiento de Jerez hasta el 28 de junio de ese año. Pacheco era portavoz de Foro Ciudadano, a cuyo grupo pertenece también José López.
El condenado ejerció como alcalde de Jerez entre 1979 y 2003, representando a formaciones políticas como PSA, PAP y PA.
En mayo de 2003, la candidatura que encabezaba fue segunda en número de votos, obteniendo 9 sobre un total de 27 concejales, justo el mismo número de ediles que el PSOE de Pilar Sánchez.
Pacheco se mantuvo en el Gobierno -como primer teniente de alcalde- gracias a un pacto con el PP de María José García-Pelayo, que había obtenido ocho concejales y a quien ofreció la Alcaldía.
En diciembre de 2004 PSOE y PSA registraron una moción de censura que colocó a Pilar Sánchez en la Alcaldía y a raíz del cual se produjo la contratación como asesores de López y Cobacho.
«La Justicia es un cachondeo»
Pedro Pacheco fue absuelto en 1988 por este mismo tribunal del delito de desacato por el que había sido castigado por la Audiencia Territorial de Sevilla en relación con su afirmación de que «la Justicia es un cachondeo».
El alto tribunal entendió que Pacheco había hecho «crítica política» por lo que resolvió a favor del derecho a la libertad de expresión, al contrario de lo que había considerado la Audiencia.
El tribunal sevillano le había condenado a dos meses de arresto mayor, multa de dieciséis días e inhabilitación absoluta de seis años y un día, pena que, de ser confirmada, le habría impedido ejercer como cargo político durante ese tiempo.
Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 30 de Enero de 1985, después de que la Audiencia Territorial de Sevilla revocara una orden municipal para derribar el chalet del cantante Bertín Osborne en Jerez.
Al tener conocimiento de esta decisión judicial Pacheco dijo que «la justicia es un cachondeo» y pidió que se investigara la existencia de «complacencias y connivencias (..) entre algunos magistrados y los abogados defensores», debido a que el auto de la audiencia era conocido desde una semana antes -dijo él- por los abogados del cantante.