La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de cárcel para el exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, por la salida a bolsa de Bankia. En el escrito de acusación hecho público, el fiscal Alejandro Luzón solicita para el exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, cuatro años de cárcel.
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE) pide para Rato 12 años de prisión por los delitos de falsedad documental y estafa a inversores y depositantes.
Para los exconsejeros, José Manuel Norniella y Francisco Verdú, la fiscalía pide tres años y dos años y siete meses respectivamente. Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia también están siendo investigadas pero como personas jurídicas, pero para la Fiscalía esta causa debe ser archivada como herederos del negocio.
Perseguido por la salida a bolsa de la entidad rescatada
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dio por finalizada la instrucción del caso el pasado mes de mayo, después de cinco años de investigación, y era esta semana cuando se terminaba el plazo para presentar los escritos de acusación. El proceso llevó al banquillo a 40 personas, entre ellas a la mano derecha de José María Aznar durante sus años de gobierno, y a otras 48 como testigos.
El representante de la administración pública considera que Rodrigo Rato y la cúpula de Bankia falsearon el folleto informativo que remitieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de forma que defraudaron a más de 190.000 inversores. Luzón considera que los acusados no informaron correctamente sobre la inviabilidad de la institución financiera, aunque ya conocían la pésima situación por la que pasaban las cajas de ahorro en España.
Condenado por las tarjetas black
En enero de 2017, este mismo tribunal, la Audiencia Nacional, condenó a Rodrigo Rato a cuatro años y seis meses de cárcel por el caso de las ‘tarjetas black’. El juez considera que tanto él como Miguel Blesa cometieron un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012.
“La lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros” rezan las conclusiones del juez al referirse a la labor desarrollada por el exvicepresidente.
La sentencia tenía posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo por lo que hasta que el alto tribunal no resuelva, Rato no entrará en prisión (en caso de que se mantiene la sentencia). El juez Andreu podría haber enviado entre rejas al exvicepresidente en caso de que viera posibilidades de que el condenado continuase delinquiendo o existiese riesgo de fuga.
Investigado por el origen de su fortuna
Otro de los frentes que tendrá que capear Rodrigo Rato será la investigación que se está realizando en Madrid por el supuesto fraude a Hacienda y el blanqueo de capitales en el control de sus cuentas en el extranjero. Hace unos días, el juez instructor archivó la causa, pero provisionalmente.
La fiscalía anticorrupción ha recurrido esta decisión y tendrá que ser la sala quien determine si la causa debe seguir adelante o no. Todo comenzó en el momento en que la UCO puso el foco sobre Rato. Además, el tribunal también investigaba si el que fuera vicepresidente del gobierno habría cobrado comisiones irregulares de empresas privadas a cambio de favores, lo que implicaría un delito de corrupción.
El juez considera que una investigación debe empezar con hechos probados y no bajo meras especulaciones, que son los motivos por los que el instructor ha decidido archivar la causa. Se trata de una investigación compleja porque el delito de cohecho prescribe a los diez años y Rato abandonó el gobierno en 2004; y sobre el delito fiscal la Hacienda Tributaria dijo que “sería complicado demostrar las acusaciones” porque están completamente individualizadas.