Sábado 29 de octubre de 2016. Mariano Rajoy sale investido como presidente del Gobierno, en segunda votación, con la abstención de 68 de los 85 diputados socialistas, después de haber estado 10 meses en funciones.
La decisión del PSOE, previo paso al descabezamiento de Pedro Sánchez como secretario general en el Comité Federal del 1 de octubre, unida a los votos de Ciudadanos y Coalición Canaria, ha permitido al PP gobernar pero sin la mayoría absoluta que tuvieron los populares durante su primera legislatura.
Una de las razones que pusieron en valor los líderes del PSOE en aquel momento (antes de la vuelta de Pedro Sánchez después de haber ganado las primarias del partido frente a Susana Díaz y Patxi López), es que solo era una abstención para facilitar la legislatura, pero que no habría acuerdos más allá de permitir un Gobierno y que los socialistas pasaban a la oposición. Se argumentó, además, que el Ejecutivo de Rajoy sería débil y que la oposición podría gobernar desde el Parlamento, pero, ¿qué ha ocurrido desde entonces?
A golpe de decreto
El Ejecutivo de Rajoy gobierna a base de un recurso concebido para circunstancias excepcionales: el decreto-ley. La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbó la amnistía fiscal de Montoro en 2012 ya puso en el foco el excesivo uso de este recurso, después de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo socialista.
El decreto-ley (Real Decreto) nace del Gobierno, sin autorización previa del Congreso de los Diputados, y fue muy utilizado durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuyo Ejecutivo es el que más porcentaje de decretos-ley ha aprobado en relación al número de proyectos de ley presentados en el Congreso. Este recurso, que se utiliza sin contar con la oposición, ha sido el más utilizado durante este 2017.
Las leyes del ‘rodillo’
La ley mordaza, la reforma laboral de 2012 o el recorte de las pensiones son algunas de las políticas impulsadas por el PP durante la legislatura de su mayoría absoluta. Todas ellas continúan en vigor, dos años después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, pese a que hay una mayoría parlamentaria en contra de la mayoría de esas reformas, o de parte de ellas.
Ha habido manifestaciones multitudinarias en las calles contra ellas y se han escenificado acuerdos entre algunas formaciones para derogarlas, pero la tramitación parlamentaria de las mismas no ha fructificado o simplemente han quedado como una victoria simbólica de la oposición (o una derrota simbólica para la formación de Rajoy, según se mire), sin efecto más allá de instar al Gobierno a dirigir su gestión en otra dirección.
El PSOE, recogido entonces por la gestora liderada por Javier Fernández, defendía la idea de que España sería gobernada por el Parlamento, pero tales victorias no se han producido, pese a que el Congreso ha votado en varias ocasiones para pedir al Gobierno cambios en su política iniciada en 2011.
Los presupuestos de 2017 se aprobaron sin dificultades, el Gobierno superó una moción de censura presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos y se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución, por primera vez en la historia de la democracia, para intervenir Cataluña sin apenas oposición.
Más allá de la debacle electoral de los populares en dicha región, nada parece afectar al Gobierno. Rajoy sigue avanzando, pese a la debilidad de su Ejecutivo.
Veto gubernamental
Las proposiciones de ley en el Congreso se quedan estancadas o bloqueadas durante el proceso del trámite de las enmiendas.
El PP, además, invoca su derecho a veto recurriendo al Tribunal Constitucional para frenar las iniciativas que suponen modificaciones presupuestarias. Es decir, leyes que el Gobierno entiende que afectan a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Rajoy defiende su gestión
El Gobierno defendió su gestión durante el cierre político del año, en el último Consejo de Ministros del año. «2017 ha sido un año ganado para la estabilidad de España», dijo Rajoy en un balance muy optimista de sus seis años como presidente del Gobierno.
Un balance que espera mantener, dadas las positivas previsiones económicas que manejan los populares hasta 2020.
El peligro independentista
Es el único obstáculo que ve el presidente a corto y medio plazo. La inestabilidad política y económica derivada de la situación catalana, que obligó a modificar sus previsiones económicas para el 2018.
El trabajo de su partido se centra, ahora, en evitar que el gran resultado electoral de Ciudadanos (su rival electoral directo) se exporte a nivel nacional, después del hundimiento de los populares en las elecciones del 21 de diciembre, donde quedaron arrinconados en el último lugar del Parlament. Y sin grupo parlamentario propio.
El PP gobierna en minoría pero sus políticas se mantienen, mientras que la oposición, más centrada en sus propias diferencias ideológicas y en sus intereses partidistas, es incapaz de formar una mayoría alternativa.