Asociaciones de mujeres han señalado a Efe que no ven necesaria una modificación de la ley integral contra la violencia de género, al cumplirse el décimo aniversario de su aprobación, pero reclaman la dotación de los medios adecuados para su desarrollo.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández, ha sostenido que no es necesario «ningún cambio» en la ley contra la violencia machista, sino que lo que hace falta es dotar a la norma de los medios adecuados para poner en marcha todas las medidas que se acordaron en su momento.
Fernández ha exigido la puesta en marcha de las unidades de valoración de las mujeres víctimas de violencia machista en los juzgados para que los jueces dispongan de las herramientas para poder adoptar las medidas pertinentes, así como la especialización de todos los agentes que intervienen en la atención de las víctimas.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha destacado que la ley es «una excelente herramienta para combatir la violencia de género», pero que debe aplicarse en toda su extensión.
Besteiro ha considerado que es «muy injusto» intentar evaluar el efecto de una norma que «solo tiene una vigencia de diez años para acabar con una discriminación de siglos», teniendo en cuenta que la ley es «un referente internacional», galardonada recientemente por Naciones Unidas.
Antes de hablar abiertamente de reformar la ley, ha argumentado Besteiro, sería necesario estudiar los aspectos que se están ejecutando y los que no se están implementando, puesto que hay muchas medidas que no se están desarrollando y no se están interpretando de forma correcta.
La ley del año 2004 es «inmejorable», pero la aplicación es «infumable y horrorosa», en palabras de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo.
Lo que hay que hacer es aplicar «el sentido y los fines de la ley», ha afirmado Pérez del Campo, quien ha estimado que es «una vergüenza» y «absolutamente intolerable» que los jueces sean «cicateros» con las órdenes de alejamiento de los violentos.
Pérez del Campo ha recordado que los jueces, así como todos los operadores jurídicos que intervienen en la atención de estos casos deben formarse obligatoriamente en materia de violencia de género.
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha hecho una buena evaluación de la ley, que, a su juicio, ha servido para sacar a la luz un delito que estaba oculto y ha ayudado a conocer mejor la dimensión de la violencia machista, además de proteger a muchas mujeres, que se han podido beneficiar de las medidas contempladas en la norma.
Diez años después de su aprobación, según Soleto, hay «un grave problema» de aplicación de la ley integral por los «recortes» que se han producido en los últimos años en los recursos necesarios para la plena extensión de las medidas previstas en la norma, el «olvido» de la prevención en materia de educación o la falta de diligencia para poner en marcha algunas recomendaciones por parte de los tribunales españoles.
No hay un problema de modificación del texto legal de 2004, sino que hay que reforzar los mecanismos de aplicación y hacer algunas modificaciones de la legislación complementaria para facilitar una mejor implementación de las medidas que contiene la ley, ha apuntado Soleto.