El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió hoy fortalecer la política de asentamientos en territorio ocupado y anunció la regularización retroactiva de una colonia considerada ilegal bajo la ley israelí cuyo rabino fue asesinado por un palestino.
El jefe del gobierno israelí recordó el asesinato del rabino Raziel Shevach, muerto el pasado enero un ataque palestino a las afueras de la colonia de Havat Guilad, en Cisjordania, y aseguró que ha prometido a su viuda dos políticas: la primera «hacer justicia» y la segunda, «fortalecer los asentamientos».
«Quien crea que a través del asesinato de un residente de Havat Guilad, un padre de seis hijos, puede romper nuestro espíritu y debilitarnos, está cometiendo un amargo error«, aseguró en declaraciones a la prensa antes del comienzo de su reunión semanal con el Gabinete.
El Ejecutivo aprobará hoy legalizar el asentamiento, considerado ilegal a ojos de la legislación israelí (para la comunidad internacional, todas las colonias en territorio ocupado lo son).
«Hoy el gobierno proveerá un estatus para Havat Guilad con el fin de facilitar una vida ordenada allí», prometió.
La ONG israelí pacifista Betselem, condenó en un comunicado esta política, y aseguró que constituye «una explotación cínica de un asesinato abominable» y «un grave error», porque a su entender «mina aún más la posibilidad de una solución de dos estados, constituye el establecimiento de un nuevo asentamiento y su expansión, y supone una recompensa a los criminales».
«El gobierno israelí manda repetidamente un mensaje problemático sobre el imperio de la ley cuando se trata de colonos. Havat Guilad fue fundado por docenas de familias que optaron por establecer los hechos sobre el terreno, construyendo ellos mismos en violación de la ley israelí (sin mencionar la ley internacional humanitaria), sin planes ni permisos, en tierra que no les pertenecía», advierte Betselem.
A su entender «mientras que el imperio de la ley es la luz que guía cualquier sociedad democrática, cuando afecta a los colonos, el gobierno israelí descarta la ley y manda un mensaje de que la delincuencia merece la pena, y que la continuación de la actividad ilegal es legítima y no será penalizada».