Es muy sorprendente lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid con la privatización de la gestión de seis hospitales públicos. El presidente, Ignacio González, la ha paralizado, pero en realidad el causante del frenazo ha sido el Tribunal Superior, que la mantenía suspendida cautelarmente, en situación de muerte clínica. Lo que ha hecho González ha sido certificar que en realidad se había producido su defunción.
El proyecto de externalizar la gestión de seis hospitales encontró rechazo en el sector sanitario, que durante meses ha estado organizando manifestaciones y protestas más o menos numerosas pero muy llamativas, con el apoyo incondicional de la oposición, encarnada en el Partido Socialista y en Izquierda Unida. La protesta se tradujo en varios recursos judiciales que presentaron profesionales sanitarios y también políticos, y que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a decretar la suspensión de todo el proceso cuando el Gobierno de la Comunidad había realizado ya varios trámites pero no lo había concluido.
Aparentemente, el conflicto se ha librado entre un órgano judicial y un órgano político, y ha sido interpretado por algunos como un desarrollo normal del control que realiza la administración de justicia sobre el ejercicio del poder político. El mutuo control de los poderes básicos del Estado es en efecto una técnica contra el abuso de poder, así que la decisión de un tribunal que frena una decisión política es buena cosa. Lástima que a veces sea más aparente que real. Esto es lo que puede verse en el presente conflicto. Y esperemos que sus consecuencias no sean aún más dañosas.
En la historia de la privatización de la gestión (no privatización de los hospitales, que es lo que han venido diciendo maliciosa o confusamente muchos de sus oponentes) no se había culminado la decisión política, que se hallaba en un proceso largo por su complejidad y alargado por las protestas, y sin embargo el Tribunal tomó la decisión de paralizarlo con razones que no pertenecían al ámbito jurídico sino al espacio esencialmente político. Los políticos autores del proyecto no han sido acusados por los jueces de cometer delito sino de abrir un proceso que podría culminar mal, lo cual es, a todas luces, una apreciación política y no jurídica.
En concreto, los magistrados afirman que el proyecto podría causar “perjuicios irreparables” y se extienden en describir la gran dimensión de las reformas que produciría, el número de profesionales y de ciudadanos que podrían ser afectados por traslados o por amortización de plazas, lo que les lleva a afirmar que “la recomposición del capital humano de los equipos de trabajo parece realmente inviable”, aserción inaudita que describe un futurible pero que está privada del carácter jurídico que se espera de sus autores. Argumentos de este tipo trasladados a otros asuntos políticos podrían causar también su paralización antes de tiempo, lo que llevaría a una continua suplantación de la responsabilidad política por la decisión judicial.
O sea, el auto del Tribunal que suspende cautelarmente la privatización de la gestión llega antes de que realmente se pueda comprobar la existencia de los “perjuicios” que supone, verificación que además ahora será imposible una vez que el Gobierno de González ha decidido abandonar el proyecto. Admito que puedan aducirse argumentos para defender la paralización (el propio Tribunal lo hace en su auto), incluso que haya una causa jurídica en una modificación realizada a última hora en las condiciones del concurso, pero la realidad es que unos magistrados han logrado tirar abajo una gestión política –no sancionar un acto antijurídico- de un Gobierno elegido por los ciudadanos, además en este caso por mayoría absoluta.
Otro González, Felipe, anuló cuando era presidente del Gobierno el recurso previo de inconstitucionalidad, que impedía la vigencia de una ley cuando hubiera sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y el recurso hubiera sido admitido a trámite. Lo hizo para que la gestión política tuviera más libertad de movimientos. Aquello fue un error como se ha demostrado con el último Estatuto de Cataluña, de donde arranca la locura independentista que padecemos. Ahora precisamente PP y PSOE acaban de presentar sendas iniciativas para que el Parlamento lo recupere con respecto a los Estatutos de Autonomía. Pero esta cláusula de salvaguardia constitucional nada tiene que ver con lo que ha hecho el Tribunal Superior de Madrid.
El recurso previo de constitucionalidad trataba de impedir la entrada en vigor de una norma que había consumado su trayecto político y aparecía afectada por serios indicios de ilegalidad. Pero en el caso de los hospitales, el Tribunal Superior ha dictado la suspensión de una gestión no concluida y lo ha hecho con algunas tesis no jurídicas y perfectamente discutibles. Admito, repito, que alguien tenga argumentos para defenderlo, pero a mí me parece que lo que han hecho los magistrados ha sido incidir en una decisión política y tomar otra decisión similar. Eso es lo más parecido a gobernar, pero desde otra instancia, desde fuera del Gobierno.