Fue uno de los anzuelos que el Gobierno utilizó para presentar la Reforma Local ante la opinión pública: ningún alcalde podría cobrar más que un secretario de Estado y, además, las retribuciones de los regidores municipales no se podrían fijar libremente sino que estarían topadas en función el tamaño del municipio.
En un contexto en el que los gestores públicos estaban en el punto de mira de la ciudadanía, se hace difícil pensar en una manera más popular de presentar una reforma legal ante la sociedad.
Pero como dice el refrán ‘del dicho al hecho va un trecho’, y en ese trecho las cosas han variado sustancialmente. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido introducir a última hora en la Ley de Reforma Local una excepción temporal que permite a los ayuntamientos con una situación financiera saneada no aplicar hasta el 30 de junio de 2015 -es decir, hasta después de las próximas elecciones municipales- los topes máximos sobre los salarios de alcaldes y concejales recogidos en la ley y, presuntamente, de obligatorio cumplimiento desde el pasado 1 de enero.
Esos topes impiden que cualquier alcalde de una localidad con más de 500.000 habitantes pueda percibir un sueldo superior al de un secretario de Estado; que los regidores de poblaciones de entre 300.000 y 500.000 rebasen el 90% de esa retribución de referencia; un límite que se establece en el 80% para los municipios de 150.000 a 300.000 habitantes; en el 75% para los de más de 75.000 y así sucesivamente.
Los alcaldes de grandes ciudades se librarán
¿Qué se considera un ‘ayuntamiento saneado’ a estos efectos? El Ministerio de Hacienda emitió el pasado 15 de enero una nota informativa en la que aclaraba los aspectos que se tendrían en cuenta. A grandes rasgos, deberá cumplir los objetivos de déficit y deuda establecidos en la senda de consolidación fiscal, y también cumplir la normativa de pago a proveedores, que le obliga a pagar en un plazo no superior a 30 días.
Una situación en la que se encuentran la mayor parte de los ayuntamientos de mediano y gran tamaño, según admiten las autoridades de Hacienda, que presumen de que muchos de éstos incluso han cerrado con superávit las cuentas de 2013.
Buenas noticias para el alcalde de Barcelona, Xavier Trías (CiU), que casi con toda seguridad conseguirá terminar la legislatura con el sueldo intacto, pero también para 14 alcaldes de capital de provincia a los que una interpretación más restrictiva de la ley hubiera obligado a recortarse el sueldo.
Todo apunta a que en este escenario sólo serán ayuntamientos pequeños, y excepcionalmente alguno grande con singulares problemas para cuadrar sus cuentas (el caso más paradigmático es el de localidad gaditana de Jerez), los que tengan que aplicarse el recorte salarial prometido de forma inmediata.
El asunto tendrá también su trascendencia económica. El Ministerio de Hacienda había calculado un ahorro de 145 millones de euros para las arcas locales por el efecto agregado del recorte de sueldo de alcaldes, la limitación al número de concejales que pueden tener dedicación exclusiva y la reducción de cargos de confianza.
El cambio legal dejará esa ahorro en un cantidad testimonial.