La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, ha imputado al padre de la ministra Fátima Báñez en el »caso Mercasevilla». Eduardo Báñez, padre de la ministra Fátima Báñez.
Pero Báñez, padre de la ministra de Empleo, que está citado el próximo día 14 de junio a declarar ante la juez en calidad de imputado junto a otras seis personas no podrá presentarse ante Alaya. El padre de la ministra falleció hace doce años, circunstancia que no aparece recogida en la providencia redactada por la juez.
La magistrada habría citado a declarar al padre de la ministra por error tras coger los datos directamente del Registro Mercantil, donde aún figuraría Eduardo Báñez González como consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, por lo que en los próximos días deberá concretar a qué persona cita como imputada en calidad de «firmante» de la oferta presentada al concurso por Juan de Robles.
La juez Mercedes Alaya ha fijado la declaración de los imputados el próximo día 14, y afecta a los presidentes de todas las constructoras que concurrieron al concurso para comprar los terrenos de Mercasevilla, han informado a Efe fuentes del caso. Eduardo Bañez era consejero delegado de construcciones Juan de Robles.
Ramón Peralta, profesor de Derecho Constitucional en la UCM, señala que no se puede imputar a un muerto: «Se trata de un absurdo y un error». En cuanto se pide el certificado de defunción, indica Peralta, el tema queda zanjado. A un juez instructor tampoco se le puede imputar ningún delito por cometer este absurdo o este error (en el caso de Alaya parece que ha sido un error).
El caso de Baltasar Garzón consistió en que, además de pedir el certificado de defunción de Francisco Franco (algo que no parecía muy necesario), se extralimitó conscientemente en sus funciones, pues el delito que quería instruir, según luego se dictaminó, no era competencia de la Audiencia Nacional.