Desde la crisis alrededor de 239 familias se han quedado sin casa y con una deuda a cuestas.Es decir, han sido desahuciadas. También hay otros datos para temblar: 260 hogares les han embargado el piso y están pendientes del desahucio; y casi 30 empresas y familias han recurrido al concurso de acreedores para no declararse en la quiebra.
El drama de los desahucios va más allá de la pérdida del inmueble. Para muchos afectados es peor la frustración personal por arrastrar una deuda que les deja sin capacidad de maniobra y en la lista de morosos. Si a esto se suma el desempleo, el riesgo de exclusión social se agrava.
Los juristas consideran que con la ley en la mano los procesos de ejecución hipotecaria resultan «agresivos para el hipotecado» y lo abocan a la ruina cuando acaba en la calle con la deuda a cuestas. Los magistrados denuncian que la ley es injusta y la realidad obliga a tomar “medidas excepcionales”. Pero también, instan a una reforma de la ley hipotecaria.
Las denuncias sociales por la situación sin límite de muchas familias, unido a los casos de suicidio que se han conocido, han generado alarma y han desencadenado medidas para frenar los desahucios. El Gobierno ha aprobado una moratoria de dos años, pero con condiciones, que ayudan a familias en riesgo de exclusión social. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, alrededor de 120.000 familias verán paralizado el proceso de desahucio durante dos años.
La legislación que privilegia al banco por encima de cualquier acreedor para el cobro de los créditos hipotecarios se creó en 1909 por la presión de los bancos, que buscaron un procedimiento que les permitiera cobrar sus deudas de forma rápida. Así consta en un informe de siete magistrados del Poder Judicial en el que se critica los abusos del sistema hipotecario a las familias con deudas.