CCOO denuncia la «incoherencia y la falta de consideración» de la Consejería de Educación con las escuelas infantiles. Cuando el pasado 11 de marzo se decidió el cierre de los centros por causa del COVID-19, la Comunidad de Madrid suspendió los contratos de gestión de los centros de educación infantil, eliminó su contribución económica en los convenios con los ayuntamientos y dejó en manos de las juntas municipales y ayuntamientos la decisión del cese de los contratos con las empresas de gestión indirecta de las escuelas infantiles.
El propio consejero de Educación, Enrique Ossorio, llegó a manifestar que la idea de que la escuela infantil de cero a tres años pudiera seguir enseñando en línea era “un insulto a la inteligencia”. Esta decisión puso de relieve el desconocimiento por parte de la consejería de la importancia de este ciclo formativo y el agravio comparativo con respecto a otras etapas educativas. “La propia LOMCE indica –declara Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de la Comunidad de Madrid- que la enseñanza infantil es una etapa educativa, no una labor asistencial. Esta medida puso de manifiesto la escasa consideración que tiene la Consejería por los profesionales de las escuelas infantiles”.
Sin embargo, y en clara contradicción con las decisiones tomadas por la Consejería de Educación durante el estado de alarma, una de las primeras medidas educativas que van a marcar la transición a la “nueva normalidad” es que los centros de educación infantil de cero a seis años sean los primeros en abrir y comenzar su labor de forma presencial, pensando en “las familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial”, en palabras de la Consejería de Educación.
“Hace unas semanas la Consejería de Educación eliminó subvenciones y suspendió contratos porque la educación infantil no podía continuar prestando su servicio, y ahora se trata de una etapa educativa esencial –manifiesta Galvín- El profesorado se siente discriminado e indignado por esta actitud de la Consejería; que considera que su trabajo consiste en cambiar pañales y cantar canciones y en servir de “aparcamiento” para los padres que deban reincorporarse al trabajo. La educación infantil no puede ni debe ser un instrumento de conciliación”.
CCOO considera que la educación infantil «es un derecho que se debe proteger y garantizar», y duda de que esta apertura tenga en cuenta los criterios sanitarios establecidos por la OMS el 16 de abril. “Exigimos a la Consejería que se garantice la seguridad de toda la comunidad educativa en todas las etapas y que se retire la propuesta de reabrir los centros educativos”, concluye Galvín. Para ello, hay que iniciar los trabajos para el desarrollo de los procedimientos de desescalada y de la adaptación normativa para la bajada de ratios, así como la adecuación de las infraestructuras de los centros de Educación infantil, porque sin estas actuaciones no hay condiciones para la apertura de los centros.