El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no han corregido la situación, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva sobre la trata de seres humanos, sostiene Bruselas, «puede ser determinante en la vida de las víctimas y evitar que otras personas lleguen a ser víctimas». Contempla medidas en distintos ámbitos, como disposiciones de derecho penal, apoyo a las víctimas y reconocimiento de sus derechos en los procesos penales y prevención.
Hasta la fecha, 18 países han notificado su transposición completa (República Checa, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía, Finlandia, Bulgaria, Croacia, Irlanda, Grecia, Francia, Austria, Portugal, Eslovaquia y el Reino Unido).
Además de a España, Bruselas ha expedientado este miércoles a Chipre, Italia, Luxemburgo, Holanda y Malta.