Rafael Zouhier no puede ser expulsado inmediatamente después de que salga de prisión. Francisco Solans, portavoz de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, explica que para acordar la deportación de Zouhier, condenado por aportar los explosivos del 11M, se tiene que demostrar que en la actualidad es un peligro para la seguridad pública. En el caso de que así se probara, la orden no sería inmediata, y Zouhier tendría 15 días para abandonar España. Y lo probable es que su defensa presente un recurso judicial, con lo que se alagará el proceso.
Zouhier, que saldrá de prisión este domingo, 16 de marzo, está casado con una española, por lo que no puede ser expulsado por el artículo 75.2 de la norma, que permite echar a un extranjero si tiene una condena.
En el caso de Rafael, el Gobierno debe apoyarse en una directiva comunitaria. Esta norma dice que para la expulsión hay que probar que en la actualidad esa persona es una amenaza. «Lo que no tiene transcendencia es lo que hizo hace diez años, su condena», subraya el letrado, añade. «Tengo dudas de que la expulsión de Zouhier sea legal».
El letrado cree que la administración acabará dictando la expulsión del marroquí y «pondrá medidas para que no escape». Pero la defensa recurrirá esta decisión ante la Justicia. «Será el juez el que tendrá la última palabra, valorando los intereses en juego. En el caso de Zouhier, es legítimo pedir que se cumpla el derecho de rehabilitación social cuando ha cumplido su condena», dice el letrado.
¿Si recurre, se paraliza la expulsión? Solans señala que la defensa puede pedirlo de forma cautelar, pero dependerá del juez. Se pueden ejecutar deportaciones que estén resolviéndose en los tribunales. El experto recuerda que estos casos pueden demorarse hasta un año.